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El alejamiento de su cargo del intendente de la Región de los Ríos, Iván Flores, sólo 72 horas después de haber sido fotografiado al bajar de su automóvil fiscal, en horario de trabajo, con los brazos cargados de propaganda política a favor del candidato Eduardo Frei, es una oportuna y positiva señal de corrección política.

Hay símbolos decidores cuando se trata de marcar un límite no siempre fácil de fijar, como lo prueba el debate que a este respecto ha venido dándose hace ya muchas semanas: cuál es el punto en que la aspiración de un gobierno a proyectarse políticamente en su sucesor deja de expresarse de modo legítimo y natural, para transformarse en inaceptable intervención electoral, que aprovecha el inmenso poder y los recursos del aparato estatal chileno, que se presume al servicio de todos, sin banderías partidistas.

Evidentemente, los medios del Estado no pueden legítimamente utilizarse en intentos de perpetuar a la coalición política del gobierno de turno. La citada imagen del ahora ex intendente ejemplifica exactamente lo que no es admisible hacer en una democracia que merezca tal nombre.

Debe, pues, encomiarse la prontitud con que el Ministerio del Interior —y el Gobierno, en general— reaccionó para retornar las cosas a su curso correcto, poniendo fin a la gestión de un funcionario que, a todas luces, había sobrepasado todos los marcos de actuación tolerable.

Esto tiene gran valor cívico, pues tales marcos no son válidos sólo para la constelación política de hoy, sino que deben serlo mañana y siempre para cualquier conglomerado que ejerza el poder. Este episodio ejemplificador sienta un precedente que todas las corrientes políticas, sin excepción, deberían esforzarse en consolidar con ocasión de todas las futuras alternancias en el mando, que son la esencia de la democracia.

Chile tiende a confiar demasiado en leyes e instituciones como la Contraloría, los tribunales ordinarios y electorales, el Ministerio Público, todo ello ciertamente indispensable. Pero no se debe olvidar que las prácticas tienen un peso no inferior, y la foto comentada denunciaba un hecho que contrariaba el más elemental sentido común en cuanto al recto proceder ciudadano. Habría sido resquebrajador para la percepción ciudadana de nuestro sistema político el que ese funcionario hubiera continuado en funciones después de semejante hecho.

La decisión de su alejamiento podría parecer menor, dado el rango medio de un intendente en nuestro ordenamiento. Pero hay aquí una señal muy poderosa, que habrá de tenerse presente en cualquier momento futuro en que actos semejantes pudieren ser cometidos por autoridades de más alta jerarquía, en cualquier gobierno.