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En estos días comienza a practicarse una nueva encuesta de caracterización socioeconómica (Casen), que permite conocer la situación de ingresos, pobreza y acceso a los programas sociales de los hogares chilenos. La Casen se aplica a más de 54 mil hogares representativos de todas las comunas del país. Este estudio viene realizándose desde 1985 y es fundamental para conocer, entre otros aspectos, la tasa de pobreza de la población, la desigualdad de ingresos que caracteriza al país, y el grado y la eficacia con que la política social llega a la población que aspira a beneficiar. Dicha encuesta se realizó anteriormente en 2006, ya que desde 2000 se viene aplicando cada tres años. En la década de 1990 se llevó a cabo cada dos años, lapso mucho más apropiado que el actual.

Este año la encuesta será desarrollada en terreno, por primera vez, por el Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado, institución que ganó la licitación a que llamó el Ministerio de Planificación. Hasta ahora ella había sido realizada por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile. La medición anterior, en particular, estuvo a cargo del Centro de Microdatos, organismo creado por dicho plantel, que ahora decidió excluirse de esta convocatoria, sosteniendo que las bases del proceso violaban el secreto estadístico, al exigir el ministerio que se le entregaran las direcciones y nombres de los entrevistados. Es ésta una exigencia muy discutible, porque el ente estatal no tiene la obligación de resguardar el secreto estadístico que se exige en esta clase de estudios. Más aún, al ser una instancia que también vela por la correcta aplicación de la política social, tiene un potencial conflicto de interés con la información recibida, que le podría servir para detectar abusos de algunos hogares de la red social —caso en el que el secreto estadístico no quedaría protegido—. Dado que la encuesta es sólo una muestra de los más de cuatro millones de hogares que tiene el país, es razonable priorizar este último factor. Para eso, Mideplan debería elaborar un protocolo que deje claramente establecido este hecho esencial.

Se ha argumentado que la ventaja de que Mideplan disponga de estos antecedentes es que permitiría cruzar esta información con otra de carácter administrativo que ayudaría a estudiar mejor el efecto de las políticas sociales, algo que hasta ahora no se había podido hacer (o bien, los datos eran utilizados por la institución que realizaba la encuesta, sin que la información así generada fuese aprovechada por el sector público o la comunidad nacional de investigadores). Es un planteamiento válido, aunque su alcance práctico puede ser mucho menor que lo imaginado, porque la posibilidad de consolidar adecuadamente una muestra de hogares con registros administrativos es compleja, y vale la pena intentarlo siempre que en el proceso se resguarde el secreto estadístico. De allí que el protocolo antes mencionado sea fundamental.

Los datos se conocerán pocos meses después de que asuma el próximo gobierno. Es una oportunidad, pues, para actualizar la línea de la pobreza, decisión que se ha venido postergando hace años. Cabe recordar que Chile tiene una línea de pobreza que depende de los ingresos de los hogares, pero en referencia a una canasta de consumo representativa. Ahora bien, esa canasta data de 1986-1987 y está completamente desactualizada. Una puesta al día de la misma, manteniendo la original como referencia informativa, parece obviamente necesario. Sería también positivo que la información divulgada reporte los ingresos efectivamente declarados por los hogares, y no sólo los ajustados, como ocurre actualmente, proceso que se realiza mediante una metodología que, aunque conocida, es sumamente discutible en sus aproximaciones.