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Los últimos meses han sido especialmente intensos para la Organización de Estados Americanos (OEA), en particular a raíz de la crisis política de Honduras. Su enérgica reacción evidenció el fuerte compromiso de los países miembros por evitar que gobiernos legítimamente elegidos sean depuestos. Ello es una buena señal, ya que desincentiva aventuras golpistas. Sin embargo, deja en evidencia la dispar postura de esos países respecto de aquellos otros que se han ido deslegitimando en su funcionamiento democrático.

Porque las amenazas contra la democracia pueden provenir no sólo desde fuera de los gobiernos: también pueden tener su origen en la propia autoridad democráticamente elegida, si su conducta atenta contra los principios democráticos. En América Latina el ejemplo más emblemático es el de Hugo Chávez en Venezuela, pero también se da en Nicaragua, Ecuador y Bolivia. En todos ellos se han ido concentrando los poderes del Estado, se ha facultado la reelección indefinida y se han establecido crecientes restricciones a los derechos y las libertades ciudadanas.

La legitimidad democrática de una elección puede extinguirse por el ejercicio ilegítimo del cargo, y de allí que se abogue por que la OEA intervenga en tales situaciones. Sin embargo, su Carta Democrática no fue concebida para estas amenazas. La OEA basa su misión en la promoción y defensa de la democracia sobre la base del "respeto al principio de no intervención". Por ello se establece que el secretario general tiene atribuciones de carácter preventivo, que sólo puede ejercer con el consentimiento del propio gobierno -lo cual es muy improbable.

Al respecto, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el candidato Sebastián Piñera han coincidido básicamente en la necesidad de reformas que refuercen a este organismo. Una de ellas sería la elaboración de un "Informe sobre el estado de la democracia" en la región, que analice la situación de cada uno de los estados miembros. Asimismo, se requiere fortalecer el rol del secretario general y facultar a la Asamblea para que si un gobierno legítimamente electo se deslegitima, pueda adoptar la misma decisión que cuando la ruptura provenga de un actor externo al gobierno. Eso asignaría a la OEA un papel más determinante que el actual, siendo de recordar que ella no pudo resolver la crisis hondureña, que sólo ha comenzado a superarse tras la actuación personal en Tegucigalpa del representante del gobierno estadounidense, que ejerció por esa vía todo el peso de su influencia de potencia regional predominante.