• Últimas
  publicaciones

• Ratificación senatorial de altos cargos
  (03/11/2009)
• Negociaciones con empleados fiscales
  (03/11/2009)
• Institucionalidad para la acuicultura
  (03/11/2009)
• Éxodo desde la educación municipal
  (02/11/2009)
• Retrasos en AUGE
  (02/11/2009)
• EE.UU., Honduras y América Latina
  (02/11/2009)
• Tensión entre Colombia y Venezuela
  (02/11/2009)
• Relación entre Chile y Argentina
  (01/11/2009)
• Salud y cheque en garantía
  (01/11/2009)
• La semana política: "Vértigo electoral y espíritu republicano"
  (01/11/2009)
• Reforma de la OEA
  (01/11/2009)
• Intromisión inaceptable
  (31/10/2009)
• Disputa sin solución previsible
  (31/10/2009)
• ¿Cómo será la reactivación?
  (31/10/2009)
• Trámites ambientales de HidroAysén
  (30/10/2009)

La aprobación por la Cámara de Diputados de la ley que prohíbe condicionar la atención de salud a la entrega de cheques en garantía o incluso dinero en efectivo ha sido bien recibida. Incluso durante su tramitación, las propias clínicas y otras entidades de salud privada se habían manifestado conformes con este complemento de la Ley N° 18.469, de 1985 -conocida como "Ley de Urgencias"-, que establecía la prohibición de esta exigencia para casos de emergencia debidamente certificados por un médico cirujano.

Como se sostuvo entonces por este diario, la única forma de hacer efectiva esta prohibición era mediante el establecimiento de un ente fiscalizador. Eso fue resuelto por el Ejecutivo mediante un veto aditivo que entregó facultades fiscalizadoras a la Superintendencia de Salud, que podrá imponer multas a quienes los exijan, sea que se desempeñen en el sector público o en el privado.

Si bien el concepto mismo del "cheque en garantía" carece de reconocimiento jurídico -pues todo cheque es una orden de pago incondicionada-, la utilización de ese documento en nuestro sistema de intercambio comercial ha mantenido de facto una naturaleza garantizadora. Precisamente de eso pretende hacerse cargo esta prohibición. Con ello, además, se sortea el problema de que el cheque es un documento mercantil altamente discriminador, pues supone contar con una cuenta corriente para poder acceder a dichas prestaciones.

La verdadera virtud de la nueva ley es que permite ampliar los medios de garantía para el pago de las prestaciones médicas, prohibiendo la exigencia tanto de cheques como de dinero en efectivo. De este modo podrán utilizarse tanto el registro de información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo otorgadas por los empleadores del solicitante, letras de cambio o pagarés. Su ventaja es reconocer que si bien la ausencia de ciertas garantías determinadas no puede significar jamás óbice a una atención médica, tampoco es exigible que instituciones privadas y con legítimos fines de lucro deban hacer otras prestaciones médicas sin garantía alguna de su pago. Obviamente, el paciente podrá, de modo voluntario, entregar tanto un cheque como dinero en efectivo, pero no podrá negársele la atención si ofrece alguna de las otras opciones.

Puede estimarse éste un avance razonable en la garantía constitucional de protección de la salud, pero para el correcto funcionamiento de tales modificaciones será imprescindible evitar que las alternativas de garantía comiencen a sobrecargarse de exigencias burocráticas y formales. Al respecto deberá velar la superintendencia.