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Pese a los anuncios de pronto despacho y a la sucesión de asignaciones de “suma urgencia”, el proyecto de ley que modifica la normativa de acuicultura sigue en el Congreso. Los asuntos aún en discusión son principalmente dos: el tema laboral y el plazo de las concesiones.

Durante la tramitación parlamentaria de esta iniciativa —originalmente planteada para favorecer la pronta recuperación de la industria tras el virus ISA, pero a la que luego se le fueron agregando más y más elementos—, el senador Escalona (PS) introdujo una indicación que establece la caducidad de la concesión como sanción adicional después de tres infracciones laborales. Esto —según sus promotores—, porque la industria estaría afectada por variadas denuncias de sus trabajadores y por tasas demasiado altas de muertes y accidentes.

Si es así, el asunto es importante y requiere máxima atención, pero para eso no es necesario ni conducente crear sanciones especiales para las infracciones laborales en la salmonicultura: basta aplicar la normativa general vigente con el máximo rigor, y revisar los estándares de seguridad con que se trabaja en este sector, para adecuarlos a su realidad actual de industria de talla internacional. Evidentemente, la protección a los trabajadores ha de ser un asunto transversal a todos los sectores económicos.

Respecto de la duración de las concesiones, hasta ahora éstas han sido de plazo indefinido, y desde la perspectiva técnica cuesta entender por qué deberían tener un límite en adelante: el ISA habría atacado igual en cualquier caso, y los titulares de concesiones indefinidas tienen los mayores incentivos para velar por la sustentabilidad del negocio. Con todo, la fórmula que parecería alcanzar el mayor apoyo —25 años renovables— no cambia demasiado el actual estado de cosas si se garantiza un proceso de renovación expedito, transparente y fundado en criterios técnicos y objetivos. Esto último es una condición absolutamente indispensable, que el Ejecutivo debería asegurar para no afectar el desarrollo de la industria.

Pero la sola regulación no basta. Se requieren una institucionalidad sólida y una gestión pública eficiente para que la normativa no se transforme en letra muerta. Las deficiencias de institucionalidad y gestión en este sector no son nuevas y se conocen desde antes del ISA, pero superarlas es hoy especialmente importante para que la industria pueda volver a levantarse. Urge adecuar el aparato público a la realidad actual de la acuicultura, que en dos décadas pasó de ser un sector incipiente a ser el tercer mayor exportador del país; se requiere mejorar la coordinación interinstitucional; definir claramente roles y tareas de cada entidad y nivel; evitar duplicaciones; perfeccionar los modelos de trabajo, los procesos de fiscalización, gestión e información, entre otros. También aquí apremia la modernización del Estado, y avanzar en ella es no menos importante que perfeccionar la legislación.