Un reciente acuerdo político llevará a aprobar una normativa que obligue a las empresas públicas a otorgar información corporativa al Congreso cuando ella sea requerida por los parlamentarios. Dicha normativa —que formará parte de la nueva Ley Orgánica Constitucional del Congreso— tuvo su origen en la negativa judicial de varias empresas públicas a entregar información a la instancia legislativa.

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La Dirección de Presupuestos ha dado a conocer el informe “Estadísticas de recursos humanos del sector público”, que muestra un fuerte incremento en el número de trabajadores civiles en el gobierno central: en los últimos 10 años, ellos pasaron de 138 mil a casi 187 mil. Un argumento principal que se ha esgrimido para justificar este incremento es que él ha sido fruto de un alza —en una proporción mucho mayor— del presupuesto manejado por esas reparticiones públicas. Esto tiene cierta plausibilidad, pero el fenómeno comentado denota una realidad más compleja, que requiere emprender acciones de fondo.

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En la mayor parte de los países, los sistemas tributarios contemplan beneficios, tanto en exenciones como deducciones al impuesto a la renta. Algunos de estos beneficios buscan dar mayor equidad al sistema de impuestos, y otros lograr una mayor eficiencia. En ciertos casos, simplemente se trata de prebendas obtenidas por grupos de presión, que implican un traspaso de recursos a los mismos.

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