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Un reciente acuerdo político llevará a aprobar una normativa que obligue a las empresas públicas a otorgar información corporativa al Congreso cuando ella sea requerida por los parlamentarios. Dicha normativa —que formará parte de la nueva Ley Orgánica Constitucional del Congreso— tuvo su origen en la negativa judicial de varias empresas públicas a entregar información a la instancia legislativa. También debe considerarse que ésta no es una práctica nueva en la historia chilena: la Ley N° 13.309, de los años 60, contemplaba procedimientos similares. Esta tensión surge porque si bien las empresas públicas ya rendían cuentas a distintas instancias, ellas no tenían la publicidad que puede significar entregar información estratégica al Congreso. Por eso, el citado acuerdo establece algunos resguardos en asuntos que puedan afectar la competitividad de aquéllas.

En todo caso, la preocupación del Congreso es válida, puesto que, en ausencia de gobiernos corporativos independientes, muchas de las empresas públicas son, en la práctica, controladas por sus ejecutivos sin que se asegure efectivamente el interés público.

La manera de supervisar a tales empresas ha sido fuente habitual de controversia. La Constitución establece (artículo 19 N° 21) que las actividades empresariales del Estado estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, salvo excepciones que se establezcan por ley, que deberán ser de quórum calificado. Cabe suponer que eso debería extenderse también a la supervisión y fiscalización de estas empresas, lo que, como principio general, es una disposición muy acertada. Sin embargo, hay múltiples excepciones que han ido obligando a las empresas públicas a someterse a distintas clases de fiscalizaciones. En gran medida, esto ha sido la respuesta a una estructura de organización y de gobiernos corporativos inapropiados para la gran mayoría de las empresas públicas. La existencia de directorios no siempre profesionales, el nombramiento de ejecutivos por autoridades políticas y la escasa rendición de cuentas de muchas empresas públicas, entre otros factores, pueden explicar la fiscalización excesiva, sobre todo en una sociedad como la nuestra, en la que las desconfianzas son altas, y aún elevados los déficits institucionales. Es importante considerar esta realidad al analizar el referido acuerdo.

Con todo, entre el momento en que se evidenció la necesidad de esta normativa y el presente han ocurrido cambios significativos en la institucionalidad, o se está legislando con esa orientación. Así, por ejemplo, se ha aprobado la ley de gobierno corporativo para Codelco; se encuentra funcionando el Consejo para la Transparencia; se tramita la ley de gobierno corporativo de las empresas estatales, y se han nombrado directores independientes en las empresas que forman parte del Sistema de Empresas Públicas. Además, existen normas exigentes de auditoría interna y externa para muchas empresas públicas. Por cierto, hay todavía muchos cambios indispensables en el ámbito de las mismas, y algunas de ellas aún están lejos de alcanzar altos estándares de transparencia y gestión, pero es importante reconocer los avances y no recargarlas con una fiscalización extremada. Responder a estos requerimientos es costoso, y la excesiva transparencia, sobre todo en asuntos estratégicos, puede resentir su capacidad para desenvolverse en una economía competitiva.

Es preciso armonizar los requerimientos mencionados y evitar duplicaciones en la fiscalización, y eso debería ir a la par de un esfuerzo resuelto por abrir estas empresas al capital privado, pues la naturaleza misma del mercado resulta, probablemente, el mejor antídoto contra malas prácticas, ineficiencias y falta de transparencia.