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En medio de la efervescencia propia de la campaña electoral, el acuerdo a que han llegado el Gobierno y la oposición para modificar la actual institucionalidad ambiental parece haber pasado algo inadvertido. Conviene que todos los sectores cobren cabal conciencia de sus alcances y expresen ahora sus observaciones, si las tuvieren. Como se sabe, el proyecto respectivo, cuyo impulso inicial provino de un informe de la OCDE, creará un Ministerio del Medio Ambiente, un Servicio de Evaluación Ambiental, una Superintendencia del Medio Ambiente y un Tribunal Ambiental, además de modificar los procedimientos e introducir más participación ciudadana. El acuerdo referido permitirá la pronta aprobación del proyecto de ley que reemplazará a la normativa ambiental vigente, en exceso burocrática y discrecional, sometida a presiones políticas y que introduce mucha incertidumbre en los procesos de inversión de las empresas.

Es un hecho conocido que, a medida que las sociedades se desarrollan, se valora más la preservación del medio ambiente, y se dictan normas que intentan conjugar el difícil equilibrio entre los intereses ambientales y los del desarrollo económico. Éste está habitualmente sometido a fuertes presiones, tanto de las empresas que desean realizar sus proyectos al menor costo posible compatible con la legislación, como de sectores ambientalistas que, incluso en posiciones a ultranza, están dispuestos a sacrificar el desarrollo futuro para preservar la naturaleza.

En su estado actual, la legislación ambiental tiene un importante componente discrecional, y en la práctica hace posibles decisiones más políticas que técnicas. Asimismo, por su carácter transversal, que alcanza a las tareas de muchos ministerios, lleva a visiones parciales tanto de las políticas como de su fiscalización. El nuevo enfoque concentraría el diseño de la política ambiental en un ministerio, pero la creación de éste parece algo discutible, pues la evaluación ambiental de los proyectos la realizará un servicio descentralizado, cuyos directivos serán seleccionados por el sistema de Alta Dirección Pública. En tanto, la fiscalización y las multas serían de competencia de una superintendencia, cuyos más altos cargos serían propuestos por el mismo sistema al Presidente.

La oposición consiguió introducir a este esquema un Tribunal Ambiental, con características de panel de expertos por su composición mixta —la creación del cual fue factor determinante para llegar al referido acuerdo—. Ante él serían apelables las multas que imponga la superintendencia, y conocería de los recursos contra las evaluaciones ambientales, brindando así una certeza jurídica mucho mayor que la actual. Este tribunal controlaría la actuación del sistema y conocería de demandas por daño ambiental en general, con amplias atribuciones. Asimismo, el proyecto de ley contempla normar y ampliar el espacio de participación ciudadana, así como un drástico aumento en las multas, cuyos valores actuales pueden ser irrisorios en el caso de daños ambientales graves. Las multas propuestas serán escalonadas de acuerdo con la gravedad, la reincidencia y el tamaño de la empresa.

Así, en reemplazo de la Conama se crean un ministerio, un servicio, una superintendencia y un tribunal. Es ésta una estructura institucional bastante pesada, lo cual normalmente sería un defecto importante —lo más debatible es la necesidad y las tareas de tal ministerio, dados los otros tres órganos que también se crean—. Pese a ello, tiene una estructura coherente de separación de funciones y un carácter mucho más técnico que el actual. Si esto permite que las decisiones en materia ambiental sean más predecibles y menos sensibles a presiones políticas, emocionales u otras de los diversos sectores, ya sería un avance valioso. Si además permite acelerar los procesos de aprobación de proyectos, y de fiscalización y sanción de empresas que causan daños, el costo de esta pesada estructura sería una inversión rentable para el país.