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El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, ha reiterado la convicción del Gobierno en cuanto a la utilización de niños como "escudos" por los encapuchados adultos que protagonizan actos violentistas en La Araucanía, al enfrentarse a Carabineros. En apoyo de sus afirmaciones, dio a conocer un video con impactantes imágenes que así lo muestran, el que fue exhibido en la sesión especial que celebró la Comisión de Constitución del Senado para analizar esta situación.

Esos antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional de La Araucanía para que se realicen las investigaciones pertinentes y se aclare, además, el origen de las filmaciones referidas. El lonco Juan Catrillanca, de la comunidad Temucuicui, protagonista de innumerables hechos de violencia, desmintió la versión oficial aduciendo que "ningún padre o madre va a llevar a niños como escudo". Sin embargo el jefe de la IX Zona de Carabineros ya había advertido la presencia de menores en distintos incidentes. Por su parte, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Chile, Gary Stahl, tras prevenir que no había visto el video, por lo que no le consta lo ocurrido, y tras visitar a distintas autoridades políticas, de Carabineros, eclesiales y mapuches de esa zona, señaló que la preocupación del organismo es la violencia contra los niños, "venga de donde venga".

Desde la perspectiva de su imagen internacional, el Gobierno enfrenta una situación bastante incómoda, pero internamente debe valorarse el que esta denuncia del subsecretario venga a rectificar enfoques anteriores sobre este tema. Contrariando la percepción general, en repetidas oportunidades pasadas las autoridades calificaron los actos extremistas como "hechos aislados", y mostraron renuencia a aplicar las normas de seguridad del Estado o antiterroristas para contenerlos y sancionarlos.

Eso muestra visos de cambiar. Ahora ha anunciado una nueva política indígena, que incluiría reformar la Conadi -notororiamente fracasada-, reformular el Fondo de Tierras -que ha hecho crisis- e impulsar la readecuación del ordenamiento interno para asegurar a los pueblos indígenas la vigencia del Convenio 169 de la OIT, que comenzó a regir en septiembre pasado -que estructura identidades normativas fundadas en diferencias culturales, y cuya aplicación abre interrogantes acerca de cómo se desenvolverán en adelante las actividades legales, judiciales, económicas y demás en esas zonas.

Los grupos violentistas indígenas (o que aducen serlo) tienen conciencia de esto, y multiplican sus demandas, con variadas tácticas de lucha, para lograr que sus reivindicaciones se apoyen en esa normativa internacional. Parece improbable que el actual Gobierno logre resolver esta situación, que seguramente será un problema mayor y prioritario que deba enfrentar el próximo.