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En la discusión parlamentaria del valioso proyecto gubernamental que reformará la Ley de Donaciones Culturales cabría introducir perfeccionamientos que pueden ser significativos para Chile. En su presente formulación, por ejemplo, no parece que se estén poniendo los incentivos adecuados en todos los actores, y la solución no depende sólo de ampliar la base de los eventuales donantes.

Lo socialmente relevante para la sociedad y el Estado es que se realice la obra cultural -restauración de un inmueble, creación de una biblioteca, puesta en escena de una obra de teatro, edición de un libro-. Pero, en la práctica, la edición de un libro bajo la Ley de Donaciones implica la imposibilidad de que él llegue al gran público, ya que sólo lo recibirán aquellos destinatarios que la institución donataria tenga como beneficiarios, por razones de imagen o de servicio a sus clientes. Por costumbre, los donatarios asignan en el proyecto un porcentaje de libros a la Dibam, y por esta vía ellos se reparten en distintas bibliotecas de Chile, pero sería mucho más beneficioso que el Estado asignara una cuota obligatoria para servir intereses sociales, y liberara el resto.

Cambios menores a la normativa tendrían gran efecto en los donantes y representarían, además, una poderosa herramienta para que donatarios y gestores culturales pudieran interesar a aquéllos, atraer más recursos y, así, generar mayor actividad cultural. Estos proyectos no siempre responden originalmente a la iniciativa de las empresas, sino a instituciones donatarias que presionan para sacar adelante estos proyectos. Si se entregaran mayores beneficios a los donatarios, mayor sería también su interés en levantar recursos para más y mejores proyectos. Hoy, en cambio, si determinada entidad quiere editar mil ejemplares de un libro de gran valor cultural, cuyo presupuesto total es de 60 millones de pesos, el Estado contribuirá aproximadamente con 50 por ciento de ese monto, vía créditos contra los impuestos del donante, que deberá desembolsar, en definitiva, 30 millones, recibiendo a cambio sólo expresiones de agradecimientos y quizás un número de ejemplares no superior a 40.

Respecto de los libros, parecería lógico establecer en la nueva ley un criterio igual al aplicable a espectáculos u obras de teatro, conciertos y similares, en los que se puede cobrar si se realiza igual número de presentaciones gratuitas, o cobrar un valor menor que no ha sido cubierto por la donación. Se debería permitir otro tanto para los libros. Eso haría posible la edición de un mayor número de ejemplares y éstos llegarían a un número mucho mayor de personas que puedan estar interesadas en la obra. El Estado debe preocuparse de la rentabilidad social del proyecto, y ésta queda asegurada desde el momento en que él se reserva una cantidad de ejemplares de distribución gratuita. Asimismo, los libros que se financian por esta vía son, en general, de alto valor cultural, grandes proyectos de literatura y arte que demandan importantes recursos para su investigación, diseño e impresión, y que, de no mediar el apoyo de los donantes, suelen no estar en condiciones de ser abordados. La externalidad positiva que entrega la posibilidad de venta de una parte del producto es que, claramente, los libros tendrían un precio mucho menor que el que correspondería si no existiera el aporte de los privados.

Tampoco parece justificado prohibir que se hagan nuevas ediciones, una vez distribuida completamente la primera, aunque se esté dentro de los dos años desde que se aprobó el proyecto. También aquí se está aplicando un criterio distinto del que rige a espectáculos, conciertos, obras de teatro, en los que sí se permite la venta de entradas una vez agotadas las funciones contempladas en el proyecto, sin ninguna limitación temporal desde la aprobación de la iniciativa. Permitir que el donatario pueda hacer y vender una segunda edición una vez agotada la primera brindaría un beneficio social, al poner obras en el mercado a un precio asequible al público general.