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Un proyecto que procura aumentar las facultades que hoy tienen las regiones ha enviado el Ejecutivo al Congreso, con el propósito de poner en marcha la agenda descentralizadora que forma parte del programa de gobierno del Presidente Piñera. Dos de las innovaciones más llamativas son la elección directa de los miembros de los Consejos Regionales (Core), que en la actualidad son elegidos en forma indirecta por los concejales, y una mayor autonomía para resolver acerca de los proyectos de inversiones regionales.

El excesivo centralismo chileno ha sido objeto de críticas y análisis por más de un siglo y medio. Algunas razones bien conocidas explican la concentración del poder en la capital, pero junto a ellas ha habido, década tras década, un continuo discurso a favor de una mayor descentralización, sin que se observen resultados efectivos. En parte ello ha ocurrido por las políticas equivocadas que se han postulado o puesto en marcha en diversas oportunidades, como la inclinación estatista que primó durante varios decenios, en especial en las políticas económicas: si las decisiones de verdadera importancia en esta área quedan en manos del Estado, administrado por el gobierno central en Santiago, es evidente que se está dando un mayor impulso relativo a la capital. Pero muchas otras medidas se han sugerido, intentado o adoptado para evitar la concentración de poder en la capital, y un buen análisis histórico de ellas contribuiría a extraer lecciones útiles para desarrollar ideas innovadoras.

En alguna medida, la ausencia de cambios efectivos que favorezcan a las regiones también parece deberse a un desinterés de las autoridades nacionales, cuando no a una deliberada pero silenciosa preferencia por mantener el statu quo . La elección directa de los consejeros regionales se ha propuesto en varias ocasiones, pero los parlamentarios no muestran ningún entusiasmo por tal idea: posiblemente, la mayor notoriedad que podrían alcanzar los consejeros luego de ser elegidos en forma directa por la ciudadanía los convertiría en potenciales rivales políticos de los congresistas. También es posible admitir que la idea de un consejo legitimado por elecciones locales podría ser una fuente de conflictos con el gobierno central, y en particular con el intendente regional, que es el representante del Ejecutivo en la región y cuenta con la confianza exclusiva del Presidente. No obstante, hoy es obvia la necesidad de alcanzar un mejor equilibrio entre la mayor autonomía de las regiones para decidir sobre sus planes de desarrollo e inversiones -que es tarea de los Consejos Regionales- y mantener el carácter unitario del Estado chileno. Con frecuencia algunas proposiciones en este campo sólo miran el mayor desarrollo regional, sin examinar la necesidad de un desarrollo armónico en todo el país.

Chile ha crecido en forma geográficamente proporcionada en los últimos años, con algunas excepciones notorias en las zonas extremas, y, por tanto, las disparidades de desarrollo no han disminuido ni aumentado en este período. El 40 por ciento de los chilenos vive en la Región Metropolitana y produce cerca de la mitad del producto nacional, lo que refleja el centralismo, pero eso no ha cambiado mayormente en los últimos 10 años. Para producir cambios efectivos, será necesario que el Congreso examine con cuidado las propuestas del Ejecutivo, que les dé un trámite legislativo ágil y que se llegue a un acuerdo entre sectores políticos diversos. También el Ejecutivo puede demostrar su interés real por avanzar impulsando una mayor descentralización de los servicios públicos, para lo cual muchas veces no requiere de cambios legales, sino vencer los intereses creados de funcionarios.