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El gobierno central se ha comprometido pagar a sus proveedores en el plazo de 30 días (en el área de salud, se dio un plazo máximo de 45). Esto es loable, porque es indebido que el Estado utilice al sector privado para financiarse en plazos breves. Además, estas demoras afectan a las empresas de menor tamaño y a los nuevos emprendimientos que tienen más dificultades de acceso a financiamiento bancario. Estos últimos han sido objeto permanente de atención de la política económica por diversas vías, por lo que es un contrasentido que el Estado no tienda a mejorar el pago oportuno de los bienes y servicios que contrata con ellos.

Medidas similares se han intentado en el pasado, pero no se han podido consolidar como prácticas. En 2006, el Ministerio de Hacienda emitió una circular según la cual el Estado debía pagar dentro de 30 días desde el devengamiento de las operaciones, lo que no se ha cumplido: una inercia en este ámbito no lo permitió entonces, y tampoco esta vez es evidente cómo se satisfará este nuevo intento. Quizás ayude a ello el que ahora se está haciendo un esfuerzo para dar mayor formalidad a este procedimiento, mediante una página web para estos efectos (www.chilepaga.cl), en la que será posible reclamar en caso de atrasos —una garantía no particularmente fuerte—.

Será importante evaluar la marcha de este programa y acompañarla de indicadores fiables de cumplimiento, para que si los resultados no son positivos se adopten medidas más drásticas para satisfacer su objetivo en los plazos anunciados. Estos informes deberían ser públicos y no sólo presentados al Presidente de la República. La propuesta gubernamental no incluye a los gobiernos locales, ya que el Ejecutivo no puede imponer condiciones en ese nivel. Sin embargo, muchos pequeños empresarios enfrentan allí los mayores obstáculos para percibir lo que se les adeuda en plazos breves. Sería razonable establecer incentivos para que dichos gobiernos se sumen a estas iniciativas, sin olvidar que muchas de las canalizadas a través de ellos no reciben los fondos desde el nivel central con la agilidad necesaria.

El ministro de Economía ha expresado que el Gobierno aspira a que estas prácticas también se extiendan al sector privado. No hay antecedentes que permitan saber fehacientemente los plazos en que éste paga, pero al parecer son muy prolongados. Esto puede considerarse asimismo una forma de financiamiento a costa de proveedores de menor tamaño, pero en algunas industrias puede ser una forma poco onerosa de compartir riesgos.

Se afirma, además, que pese a diversos cambios legislativos aprobados para evitar este problema, seguirían existiendo dificultades para factorizar las facturas emitidas por estos proveedores, lo que permite “adelantar” el pago de las mismas; pero la evidencia a este respecto es aún más débil.

Si esos plazos prolongados existen, pueden tener diversas explicaciones y no hay formas fáciles de evitarlos, ya que son acuerdos entre privados a los que las partes terminan adaptándose por diversas vías. Cabría sugerir prácticas mejores, pero el propio sector privado debería acordarlas, adelantándose a eventuales presiones sociales.