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La Contraloría exigirá desde este año que organismos públicos, tales como la Tesorería, el Servicio de Impuestos Internos, Sernatur y otros, entreguen estados financieros de acuerdo con las normas contables internacionales para esos entes estatales. Esto significa que deberán generar informes del tipo Fecus y balances patrimoniales, tal como lo hacen las empresas del sector privado, lo cual representa un cambio revolucionario respecto de su actual contabilidad, que consiste en un simple arqueo de caja. Esta clase de contabilidad -apropiada a lo más para una microempresa- será reemplazada por otra moderna, de base devengada, con información de activos y pasivos. Más adelante, esta reforma se extenderá a todo el aparato central del Estado.

Este esfuerzo es parte de los compromisos que Chile ha adquirido como integrante de la OCDE, pero merece ser bien valorado y muestra los beneficios de pertenecer a esa organización. Una contabilidad semejante permitirá conocer la situación patrimonial de los organismos del Estado, así como comparar la eficiencia de distintos sectores, tanto dentro del país como respecto de otros. Además, el Estado tendrá un mejor conocimiento de sus activos y de las obligaciones que haya contraído, lo que debería llevar a que todos comprendan mejor el efecto financiero de medidas de gasto público, que hoy no se percibe.

La tendencia a mejorar la contabilidad gubernamental es internacional, precisamente con el objetivo de mejorar las decisiones de gasto público. Asimismo, se restringe el espacio para este último con fines electorales o populistas. Y una reacción que se ha observado también internacionalmente es la aparición de mecanismos para eludir esas sanas limitaciones. Aparentemente, en el Reino Unido ése era uno de los propósitos principales de la expansión del programa de concesiones durante el gobierno laborista: los proyectos para ellas no se consideraban en la contabilidad del sector público, pese a que creaban obligaciones para el Estado.

Un aspecto interesante de la iniciativa comentada es que requiere que el sector público, incluidas las municipalidades, identifique sus activos y los valores de los mismos, lo que facilitará que ellas los utilicen mejor. Dadas las dificultades de ese proceso, que significa un cambio cultural en los municipios, y la falta de personal calificado en casi todos ellos, la Contraloría les ha dado más tiempo para adaptarse al nuevo esquema contable.

Con todo, los balances públicos tienen debilidades conceptuales no subsanables en forma expedita. Por ejemplo, el valor presente de las obligaciones futuras del Estado se puede calcular en forma más o menos fácil, como ocurre con el costo de reducir los intereses de los préstamos universitarios, de las pensiones de gracia o del siete por ciento de cotización de salud de los jubilados. Pero los ingresos futuros son más difíciles de estimar, pues dependen de factores tan variables como los precios mundiales del cobre y el ciclo económico, entre otros. Asimismo, las inversiones en educación tienen un retorno económico, por los futuros mayores ingresos por impuestos para el Estado, pero esos retornos no son fáciles de estimar. Y otro factor fundamental es que el Estado puede aumentar sus ingresos por un alza de impuestos, lo que no se puede predecir con antelación y que no tiene equivalente en las empresas privadas.

Pese a estas dificultades conceptuales, el nuevo esquema contable será una mejor guía para las decisiones gubernativas y para los votantes, que tendrán mejor información sobre el costo de los programas prometidos en las campañas electorales, sobre la eficiencia de los gobiernos y sobre la situación patrimonial del Estado.