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Preocupa la tasa nacional de accidentes del tránsito provocados por conducir bajo los efectos del alcohol. Chile, que aspira a la calificación de país desarrollado, ha de compararse en su respuesta a este problema con esos países, todos los cuales son rigurosos en la sanción de tal conducta.

Con ocasión de los feriados, la autoridad redobla esfuerzos por instar a los conductores a la responsabilidad en esta materia, pero con resultados insuficientes, y tales campañas no logran reducir las cifras de colisiones, volcamientos, atropellos y similares. En las pasadas festividades patrias hubo 24 muertos atribuibles a esta causa, y si bien el número de fallecidos fue inferior en 12 a los de 2010, sigue siendo excesivo.

Al respecto, el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, ha anunciado que se intensificarán los controles y advirtió que "el que maneja no puede tomar ninguna copa". Con realismo, admitió también que no basta lo sancionatorio, sino que es indispensable reforzarlo con adecuada y sistemática información sobre los efectos del alcohol en la capacidad de conducción, especialmente entre los más jóvenes. De allí su campaña comunicacional -de gran crudeza- bajo el lema "Chile no merece más tragedias, por favor cuídate". Pero lo determinante será el marco legal que Chile adopte, y el ministro ha llamado al Senado a que antes de fin de año apruebe la ley que endurece las penas por conducir bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Así, quien mate a una persona en tal circunstancia perdería de por vida la licencia para conducir, al igual que quien sea sorprendido en dos ocasiones conduciendo bajo la influencia del alcohol, aunque no cause daños a terceros. Esta ley también reduciría los gramos de alcohol por litro de sangre para tipificar el estado de ebriedad o la influencia de aquél.

La drasticidad de las normas legales que está impulsando la autoridad guarda proporción con sus similares en Europa y Estados Unidos, donde, además, el otorgamiento de la licencia de conducir debe cumplir requisitos sustancialmente más exigentes que los vigentes en Chile. Pero entre nosotros tienen un componente de cambio cultural cuya aceptación no parece fácil. El público oscilará entre la indignación que se manifiesta masivamente ante un accidente por esta causa, y el rechazo a modificar hábitos largamente arraigados. Algunos legisladores quizá vacilarán ante la impopularidad de tal normativa en algunos grupos, aunque el bien superior sea reducir la tasa de lesiones o muerte de víctimas inocentes de un conductor bebido. Para sacar adelante su iniciativa, el ministro requerirá desplegar toda una labor de pedagogía colectiva cuyo éxito no parece asegurado, y uno de cuyos elementos será probar que los parámetros internacionales están razonablemente fundados.