En la edición de hoy de este diario, una fotografía captada durante los disturbios registrados ayer muestra a una mujer enfrentándose con una suerte de bastón deportivo contra una turba de encapuchados. Se intenta precisar las circunstancias específicas de ese incidente, pero, a todo evento, ante semejante escena -que parece resumir en una imagen mucha desesperada impotencia de la ciudadanía corriente frente a la violencia políticamente organizada-, el país no puede sino preguntarse por el cauce inquietante en que se está deslizando nuestra convivencia.
Las reivindicaciones estudiantiles han puesto en el debate nacional problemas reales que aquejan a la educación chilena, si bien el centro de atención se ha desviado hacia la educación superior y secundaria, dejando en segundo plano a la preescolar y escolar, pese a que estas últimas son las más decisivas para el desarrollo nacional y aquellas en que más insuficiencias deberían ser abordadas con urgencia. Ocurre así, entre otros motivos, porque la capacidad de movilización y protesta pública de esos estudiantes y sus familias es mucho menor y, por tanto, también lo es el interés político que despiertan sus problemas.
Pero dichas demandas han conllevado también aristas muy repudiables y perturbadoras para toda nuestra comunidad. Legítimos movimientos estudiantiles han dado también ocasión -o pretexto- para múltiples hechos muy graves que dañan la infraestructura educacional y el patrimonio público. Todo eso está muy lejos de mejorar el cuadro global de la educación en Chile, y perjudica incomparablemente más a aquellos alumnos que, en cualquiera de los niveles del currículo, no tienen hoy la opción de estudiar en un plantel privado.
Y, más allá de lo educacional, la violencia desatada de modo reiterado y sistemático por un grupo minoritario es social y cívicamente inaceptable. Nueva prueba de ello es lo ocurrido esta semana, en que se ha extremado la fuerza de los ataques a carabineros -llegando a causar lesiones graves a varios de ellos y aun a poner en riesgo su vida- y se quemó un bus del Transantiago, exponiendo peligrosamente a sus pasajeros. A ello se suman saqueos, barricadas y vandalismo desenfrenado, que han afectado seriamente a la ciudadanía y al desarrollo normal de las actividades en diversos puntos del país.
Simultáneamente, se ha producido una sucesión de tomas de sedes de universidades por estudiantes, impidiéndose allí que las clases se realicen con normalidad (incluso cuando la mayoría de los estudiantes lo deseaba) y que los profesores accedan a sus oficinas, y destruyéndose valioso patrimonio universitario. Así, por ejemplo, en la toma de la Universidad Católica de Valparaíso hubo saqueos y daños vergonzosos, e inquieta la suerte que pueda correr el irreemplazable archivo histórico de la Universidad de Chile en la toma de su Casa Central. Ésta ha sido una realidad extendida y no suficientemente condenada por las distintas comunidades universitarias ni por sus autoridades -probablemente por temor.
Nadie podría con justicia acusar al Gobierno de haber reaccionado con dureza frente a este cuadro, ni siquiera cuando el despacho de un ministro de Estado fue ocupado larga e impunemente por extremistas, o cuando se han atacado las sedes de partidos políticos.
El Ejecutivo tiene la obligación constitucional de velar por "la conservación del orden público en el interior", que incumpliría si no pusiere coto a tales excesos, que afectan, entre otras, a la primera y más fundamental garantía consagrada por la misma Carta, cual es "el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona" -evidentemente amagada por tales actos.
De allí que, como lo anunció el ministro del Interior, proceda invocar la Ley de Seguridad del Estado para enfrentar con el necesario rigor legal estos hechos de obvia altísima gravedad, que arrojan una sombría mancha sobre la fundada demanda por una educación de calidad.
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Posteado por: cristian gallegos díaz 20/10/2011 09:24 [ N° 1 ] |
Basta con estudiar la historia de nuestro país para constatar que toda, absolutamente toda organización política, de izquierda y derecha ha tenido una filosofía y una praxis concreta de violencia. Es importante saber en qué contextos históricos se ejerció, sus protagonistas, sus objetivos, sus métodos, etc. La mayor parte de los actos violentos políticamente organizados de parte del Estado chileno se han olvidado en la historiografía oficial. La diferencia es que estos actos políticamente organizados, violentos, son ejercidos por grupos sociales marginados, marginales, no por elites políticas. Son productos de la misma sociedad que estamos criticando. No son justificables. Tampoco merecedores de estigmatizaciones que en el mundo contemporáneo debieran estar superadas. No deben ser mañosamente confundidos con el malestar profundo de la mayor parte de la sociedad chilena frente a la sociedad que la clase política y la clase economica dominante han construido. Nótese que no se trata de una gran movimiento pro mejora de la educación. Se trata de un gran movimiento que ha puesto en discusión el modelo político-social completo. La aplicación de leyes de excepción son recursos consabidamente fracasados, como ha sido un fracaso estrepitoso toda la política antidelincuencial de estos dos últimos años. Los encapuchados no son indignados. No apuntan en contra del sistema. Apuntan en contra de objetos, personas.Destruir un semáforo ni siquiera es destruir el simbolo de un orden injusto establecido. Lamentablemente, aunque sean encarcelados, la sociedad los seguirá reproduciendo y los problemas graves por los que atravesamos en todo orden o desorden de cosas, seguirán intensificandose. El gobierno debe reflexionar con más proyección: un 60% de asignación de recursos en lo educacional será una reforma tibia, pero es un paso concreto. Estudiar una nueva categorización de impuestos también es razonable. La soberbia no sirve. La política se inventó para todo el mundo no termine dando de bastonazos a todo el mundo, hasta que se nos gaste el bastón o nos llegue una jubilación misérrima que nos haga, de nuevo, seguir indignados más allá de nuestra muerte personal... El punto es que no es un problema para el Estado, para el gobierno, es un problema para toda la ciudadanía. |
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Posteado por: sr oreste assereto 20/10/2011 10:05 [ N° 2 ] |
Un gobierno democraticamente elegido, con un sistema electoral justo , por lo tanto objetivamente elegido por la ciudadania, tiene el derecho, en casos extremos a usar la violencia para mantener el orden. |
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Posteado por: HERNAN SAEZ IGLESIAS 20/10/2011 10:20 [ N° 3 ] |
Disculpe el editorialista pero no. Al gobierno debe regirle como prioridad el lograr que la institucionalidad entera funcione en beneficio del Bien Común: justicia, rechazo y castigo del abuso, hacer que el progreso social y cultural llegue a todos. |
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Posteado por: luis.m silva delgado 20/10/2011 13:39 [ N° 4 ] |
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Posteado por: Roberto Inostroza 20/10/2011 15:29 [ N° 5 ] |
los "encapuchados",que son solo unos pocos cientos,claramente perjudican el movimiento estudiantil,estan ahi,para desprestigiarlo.y tambien,para destruir,robar,y agredir a los carabineros...siendo su accionar.muy notorio,publico.y con cobertura de medios, incluso,cuesta entender,que no hayan podido ser detenidos,identificados y neutralizados...la labor de carabineros,en este ambito,ha sido a mi entender,hasta sospechosamente,infructuosa,y llego a pensar,maliciosamente,claro,pero apoyado,por "los hechos circuntanciales",que es como si al ministerio del interior,"le conviniese",que los encapuchados,continuen,y proliferen... |
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