Miércoles 23 de Noviembre de 2011
Un buen presupuesto para el país


Las universidades que tuvieron sus clases paralizadas durante buena parte de los últimos meses han ido retomando sus actividades. En la actualidad, sólo dos por ciento de los estudiantes de educación superior seguirían con actividades docentes interrumpidas, aunque hay grandes posibilidades de que ellas se reanuden en los próximos días; en muchos casos la recuperación de clases significará extenderlas hasta marzo del próximo año.

Es difícil comprender esta extensa paralización. Hay un debate legítimo respecto de las políticas de dicha educación, pero que difícilmente justifica los eventos que vivió el país. Indudablemente, discrepancias de política pueden explicar jornadas extendidas de movilizaciones, pero eso no legitima los paros y tomas. El daño que se ha causado al sistema educacional, particularmente a las instituciones estatales, sobre todo en el nivel escolar, es difícil de evaluar hoy, pero sin duda lo ha habido. En este último nivel, menos del dos por ciento de los establecimientos sigue paralizado. La gran mayoría de los establecimientos en paro (156 de un total de 195) son municipales, que reúnen a casi el cinco por ciento de los estudiantes. Varios de ellos no se inscribieron en programas alternativos de educación, por lo que perderán el año. Con todo, en el nivel escolar la paralización nunca fue muy extendida. En cambio, todas las universidades del Consejo de Rectores estuvieron completa o parcialmente paralizadas, aunque en algunos casos, como el de la U. Católica o la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, lo estuvieron por muy poco tiempo.

Ha ayudado a la normalización de las actividades el marcado desgaste que ha afectado al movimiento estudiantil, que se refleja en una pérdida de apoyo ciudadano a sus métodos de manifestación, y también ha comenzado a retroceder la aceptación de las demandas, aunque ellas siguen contando con altos niveles de aprobación. La mayoría de los rectores y autoridades académicas de las universidades del Consejo de Rectores, que en un primer momento vieron con buenos ojos las movilizaciones, han modificado sus posturas y han presionado a los estudiantes para asegurar la vuelta a clases. También ha ocurrido que el debate presupuestario, presentado en términos de programas y partidas específicas, obliga a contrastar las acciones del Estado chileno, que son consecuencia de una larga historia de políticas públicas, con las propuestas específicas del movimiento estudiantil, ejercicio que hasta ahora la oposición había postergado.

El rechazo de la Cámara Baja del presupuesto para educación no es una buena señal. Ahora bien, el Gobierno se ha reservado la definición de recursos adicionales para educación: no sólo hay diferencias de montos, sino también de énfasis. Por eso, es el momento para que el Ejecutivo y el Congreso actúen con altura de miras y analicen seriamente cuáles son las mejores opciones de desembolso de recursos para el país, al margen de las presiones de grupos. Las demandas de éstos pueden ser legítimas, pero deben evaluarse a la luz de la actual disponibilidad real de recursos y de las iniciativas que tienen mayores posibilidades de producir una educación de mayor equidad y calidad. La evidencia nacional e internacional apunta abrumadoramente a que los retornos sociales de la educación se concentran fundamentalmente en el nivel preescolar y escolar. Desde el punto de vista de dichos objetivos, causaría un grave perjuicio que los recursos adicionales que se decida agregar al presupuesto se focalicen privilegiadamente en la educación terciaria.

Tampoco sería razonable que la oposición desechara la idea de allegar más recursos a la educación. Si opta por rechazar el presupuesto, regirá el enviado por el Ejecutivo, sin los aumentos adicionales de recursos. Reducir el presupuesto en un ámbito tan sensible para la ciudadanía no resulta políticamente sensato. Un acuerdo en esta materia ciertamente interesa al país.

5 Comentarios publicados
Posteado por:
HERNAN SAEZ IGLESIAS
23/11/2011 09:48
[ N° 1 ]

El farsesco proceso legislativo ideado por los autores de la Constitución que se nos impuso ha 30 años, más o menos, llega a su paroxismo con la tramiotación de la llamada Ley de Presupuesto.
Bajo el lema de que El Ejecutivo gana sí o sí, limitando el rol de supuestos representantes de la soberanía nacional, al de un vacuo bla-bla-bla (talking shop dirían los británicos, los intereses fundamentales de la nación: protección de la ciudadanía contra el abuso mega empresarial -(no hay fondos para efectivo control en todas las áreas de servicios de utilidad pública); defensa de los recursos estratégicos y acceso real de todos a una educación estatal de calidad, etc, etc- contemplamos, entre atónitos y asqueados, las maniobras de un gobierno que protege el lucro con dineros públicos para procrastinar todo intento presupuestario de financiar la marcha del país a su modernización con equidad.
Así ha sido, desde la década de olos ochenta hasta ahora.
Porque, a este espectáculo grotesco de farsa institucional, se une el recuerdo de lo mismo bajo la Concertación.
No en vano, su protesta sólo llega a ciertos itms prsupuestarios pero calla solapadamente sobre las deficiencias básicas de la institucionalidad de la cual se aprovecharan desfachatadamente.
Espectáculo nada edificante parta quien tenga sentido de digniodad democrática.
Será lo de siempre. "Tras la paletada, nadie dijo nada"
Así será.

Posteado por:
Jaime Tapia Tapia Cantonne
23/11/2011 10:43
[ N° 2 ]


Esta editorial en verdad quiere que creamos que todos los actores del problema son blancas palomas, excepto los estudiantes?

Por favor.

Posteado por:
sr oreste assereto
23/11/2011 11:14
[ N° 3 ]

La izquierda violenta ha logrado su objetivo: los estudiantes han perdido tiempo precioso y no han aprendido nada. Les costara un año de su vida.Alguien deberia pasarle la cuenta a los lideres estudiantiles y pedir indemnizacion legal.
ESta bien demostrar , pero hay que asumir las responsabilidades cuando se perjudica a la ciudadania

Posteado por:
Alejandro Vial Latorre
23/11/2011 14:31
[ N° 4 ]

"Nada es verdad, nada es mentira; todo depende del color del cristal con que se mira".
Rescato el llamado del editorialista a lograr acuerdos.
Tal vez el mayor problema que se ha vivido se origina en la inexperiencia o falta de sensibilidad de la gente del Gobierno para comprender el "movimiento" que, paradojalmente, ha tenido paralizado a gran parte del sector educacional este año.
Desde mi punto de vista hay dos líneas gruesas en este asunto: el primero es la CALIDAD de la enseñanza que reciben los alumnos de básica y media; problema no fácil de revertir, porque hay un asunto de formación y vocación de una parte muy importante del profesorado ¿Cuántos profesores en ejercicio están en esto porque el puntaje de la PAA no les alcanzó para la carrera que buscaban y "quedaron" en pedagogía? Hay mucho que hacer en este aspecto y no se ha avanzado ni un ápice, especialmente porque el Colegio de Profesores se resiste.
(sigue)

Posteado por:
Alejandro Vial Latorre
23/11/2011 14:36
[ N° 5 ]

El segundo tema es el del endeudamiento familiar o de los futuros profesionales, por los altos montos de los aranceles y las tasas bancarias. El Gobierno ha propuesto forzar la baja de las tasas a través de la "compra de carteras", ha ofrecido más becas y -moderadamente- aumentar el prtesupuesto basal de las universidades estatales.
Evidentemente -y en esto difiero de Fernando Paulsen y de la petición de la CONFECH- la gratuidad es una utopía imposible y tremendamente injusta; que los que puedan pagar, lo hagan. A mi modo de ver, la solución va por el aumento significativo del Aporte Fiscal Directo a las universidades estatales, las cuales -al no tener que "salir a ganarse el presupuesto"- podrían bajar sus aranceles, con el evidente efecto de "arrastrar a la baja" los aranceles de las privadas (sean o no del CRUCH). Esto aliviaría el costo de la educación superior a todos los estudiantes y sus familias. ¿Por qué no se hace? Entregar más becas o aumentar los montos a créditos -sea el solidario o CAE- no tiene efecto alguno sobre las tarifas universitarias, manteniendo los precios y -probablemente- su tendencia alcista.
Sospecho -siguiendo lo dicho por el editorialista- que hay presiones de grupos interesados, especialmente los dueños de las universidades privadas, que verían caer sus utilidades al bajar los aranceles (y hay que considerar que en esto hay gente afín tanto al Gobierno como a la Concertación).
Y hay un elemento adicional a tener en cuenta: el enorme endeudamiento de estos futuros profesionales puede traer un externalidad negativa sobre el sector inmobiliario, pues la saturación de capacidad de pago les hará "no elegibles" para créditos destinados a su instalación profesional ni para los hipotecarios. ¡Téngase presente!
En otras oportunidades he advertido al empresariado acerca del eventual rechazo de nuestras exportaciones por el aumento de la "huella de carbono"... Sin embargo, seguimos construyendo termoeléctricas. Espero que el negocio inmobiliario ligado a las universidades privadas no mate en negocio de la vivienda.

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