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La autonomía del Banco Central ha sido una de las modernizaciones más valiosas y exitosas introducidas en nuestra institucionalidad política y económica. La resistencia inicial a la independencia del instituto emisor ha desaparecido, por su impecable desempeño y el eficiente cumplimiento de sus objetivos de velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Algo parecido ha sucedido en otros países -el caso más reciente es Gran Bretaña-, que con el paso del tiempo han validado la independencia de la autoridad monetaria, en repudio al uso político de sus atribuciones, otrora tan frecuente en nuestro país y que sigue siéndolo en otros.

Luego de más de 20 años desde la vigencia del estatuto orgánico del Banco Central, y más de 30 desde la prohibición constitucional de dar crédito al Estado y a las empresas públicas, su independencia es ampliamente valorada. Quienes se oponían a la reforma del Banco Central se resistían a perder poder y, en el fondo, temían la limitación que significa privarse de un instrumento para financiar el gasto público, intervenir sectorialmente e impulsar la actividad mediante la emisión al margen de las consideraciones técnicas. Un muy importante beneficio lateral de la independencia ha sido disciplinar el presupuesto fiscal.

Hay buenas razones para esta positiva apreciación, dado el éxito en el control de la inflación, que frena el crecimiento, el empleo, la inversión y la producción y ha sido causante de pobreza y de gravísimos conflictos sociales y políticos. Durante la mayor parte del siglo pasado, la tasa modal de inflación chilena bordeó el 30 por ciento anual, con dos episodios extremos, a mediados de los años 50 y durante el gobierno de la Unidad Popular. Por esas experiencias se debió reemplazar la unidad monetaria: en 1958 se creó el escudo (correspondiente a mil pesos), y en 1975 se emitió nuevamente el peso (equivalente a mil escudos), con un poder adquisitivo de una millonésima del peso antiguo. En cambio, en la última década la inflación nacional ha estado generalmente en torno a la meta del tres por ciento anual. Igualmente, después de la crisis de 1982, y pese a frecuentes adversidades externas, no se han registrado en el país crisis bancarias, cambiarias ni se ha interrumpido la cadena de pagos.

Decisivos para estos logros y para la valoración de la independencia han sido el marco regulatorio y el desempeño de las autoridades superiores del Banco Central: los consejeros y sus presidentes. Tanto los actuales como sus predecesores han recibido amplio reconocimiento y gozan de merecido prestigio, y más allá de sus obligaciones técnicas, se han adaptado gradualmente a las exigencias de transparencia y control de gastos. En sus nombramientos y gestión han primado la idoneidad técnica, el pluralismo y la responsabilidad. Esto es en parte resultado de la normativa para su designación, que prevé la renovación parcial, un importante grado de inamovilidad, severas incompatibilidades y períodos extensos para sus cargos. Destacables han sido la seriedad y el pragmatismo de los presidentes y senadores en estas designaciones, resultantes de acuerdos sobre la base de profesionales altamente calificados, respetando la elección de una mayoría de consejeros proveniente del gobierno en ejercicio. Así, los 20 años transcurridos han establecido prácticamente una jurisprudencia para la designación de consejeros. Sería inaceptable que por criterios meramente obstructivos, partidistas o de reparto de cuotas se amague una institución crucial para el país, que ha funcionado correctamente.

Que lo que se ha constituido en un pilar sólido y probado de nuestra institucionalidad continúe como un ejemplo de los consensos positivos que han contribuido a la construcción del país, depende de la decisión que próximamente enfrentará el Senado. Sería muy inconveniente que la búsqueda de pequeñas ventajas transitorias afecte este logro.