• Últimas
  publicaciones

• Edad de jubilación y tasa de cotización
  (25/11/2011)
• Renegociación del aeropuerto de Santiago
  (25/11/2011)
• ¿Pago por seguridad?
  (25/11/2011)
• Autonomía del Banco Central
  (24/11/2011)
• Universidad de Chile y transparencia
  (24/11/2011)
• Evaluación de leyes
  (24/11/2011)
• ¿Hay un Chile distinto? La mirada positiva
  (23/11/2011)
• Un buen presupuesto para el país
  (23/11/2011)
• Alianzas y tráfico aéreo
  (23/11/2011)
• Educación y sociedad de oportunidades
  (22/11/2011)
• Triunfo arrollador del PP
  (22/11/2011)
• Evasión en el Transantiago
  (22/11/2011)
• Participación laboral femenina
  (21/11/2011)
• B. Central y consolidación de deudas
  (21/11/2011)
• ¿Cómo salir de la crisis de Siria?
  (21/11/2011)

Por primera vez en nuestra historia legislativa, la Cámara de Diputados ha realizado una evaluación de una ley. Se trata de la N° 20.241, que modificó una anterior, relativa a quiénes pueden ser donantes de órganos y la forma como manifestar su voluntad. Este procedimiento inédito en nuestra hermenéutica legal fue realizado por el Departamento de Evaluación de la Ley de esa Corporación, creado hace ocho meses, y que busca analizar la eficiencia y eficacia de las leyes, y recoger la opinión ciudadana sobre ellas. Según la ley que se evalúe, debe realizar investigaciones, estudios y análisis para emitir un informe con conclusiones y sugerencias que permitan, eventualmente, optimizar la normativa en estudio. Esta Comisión de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados -que actualmente integran los diputados Lorenzini (DC), Sepúlveda (PRI), que la preside; Robles (PRSD), Ceroni (PPD) y Nicolás Mönckeberg (RN)- comenzó a trabajar tras la incorporación de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El estudio de cada ley tendrá nueve fases básicas: determinar los fundamentos que llevaron a legislar sobre determinada materia; identificar sus objetivos generales y específicos; examinar los instrumentos elegidos por el legislador para alcanzar sus objetivos, y los servicios u órganos de la administración del Estado o de otros poderes o instituciones públicas o privadas que participaron en la aplicación o ejecución de la ley; determinar sus beneficios; identificar las organizaciones de la sociedad civil que reúnan a los beneficiarios o afectados; identificar y medir sus efectos; determinar la percepción ciudadana, y analizar los datos e información recopilados para preparar el informe final.

Se pretende con esto entregar a los legisladores más elementos no sólo para aprobar futuras leyes, sino para ponerlos al tanto de cuáles son los efectos de las actuales, y si se están logrando los resultados sociales que se buscaban cuando fueron aprobadas. Según el presidente de la Cámara, la función parlamentaria requiere una "corriente de retroalimentación" que informe acerca de la eficacia de las leyes.

Para evitar un abuso político de este recurso, la metodología aprobada fija criterios para seleccionar la ley que será evaluada, entre los que se incluyen su neutralidad política y que su vigencia no sea inferior a un año.

Este instrumento incipiente (y aún bastante restringido) en nuestro trabajo legislativo es interesante, tiene precedentes valiosos en el derecho comparado y, si se lo utiliza con el espíritu que lo inspira, puede brindar beneficios al país. Probablemente, su práctica irá entregando, asimismo, más de alguna sorpresa relativa a efectos no queridos ni previstos de diversas normativas.