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Se viene planteando desde hace ya varios años y con creciente frecuencia la posibilidad del cobro a privados por la seguridad de los espectáculos masivos. Es plausible analizar esta opción en el presente cuadro en que el aumento de las cifras de denuncias por delitos de mayor connotación social se refleja en un notorio dinamismo del mercado de la seguridad privada, que se manifiesta especialmente en centros comerciales y conjuntos habitacionales en que los vecinos se organizan para contratar planes integrales de protección con empresas privadas. Si bien el servicio otorgado en ocasiones ha merecido reparos, en general brinda vigilancia adicional, con la obvia restricción de que los guardias no pueden portar armas ni practicar diligencias reservadas por la ley a las policías. Ofrecen ventajas -básicamente disuasión por presencia y aviso rápido a Carabineros-, pero tienen limitaciones en su acción.

Entretanto, las amplias funciones preventivas de seguridad y preservación del orden que competen a la policía uniformada se ven progresivamente afectadas por la gran dotación que ésta debe destinar al resguardo del público que asiste a estadios, conciertos y otros eventos masivos, que congregan a veces hasta 50 mil personas o más. En tales ocasiones, cada vez más frecuentes, suelen producirse actos vandálicos en las inmediaciones de los lugares respectivos o en los recintos mismos.

De lo anterior surge una natural inclinación a buscar fórmulas privadas que mejoren la seguridad pública, pero lograrlo no se advierte fácil. La opción de utilizar guardias privados eventualmente entrenados por la policía para resguardar el interior de los recintos con ocasión de eventos multitudinarios, y cobrar por el costo de tal instrucción, ha sido objetada porque podría significar que Carabineros pase, para tales efectos, a ser "empleado" del particular organizador, a menudo con fines de lucro. También se aduce que la seguridad pública ya está pagada mediante los impuestos de todos, y no proceden nuevos pagos.

Pero no se puede ignorar que son considerables las cifras que debe gastar Carabineros para dar protección a tales eventos masivos privados. Para algunos, traspasar ese costo a los organizadores equivaldría a "privatizar" a Carabineros. Según otros, entregar seguridad en tales eventos tiene el mismo espíritu que patrullar una ciudad, pero debe ser de responsabilidad pecuniaria de sus organizadores.

Este es un debate que no ha sido abordado por la ciudadanía. Sería útil que lo fuera, para orientar lo que eventualmente resuelvan en su momento los colegisladores. El problema existe y tarde o temprano no se lo podrá rehuir más.