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El Ministerio de Obras Públicas ha accedido a extender por dos años la actual concesión del terminal aéreo de Santiago, a cambio de obras que le permitirán acomodar el aumento de la demanda hasta que el futuro concesionario construya la ampliación definitiva, en 2017. El valor de las obras se estima en 50 millones de dólares y consisten en aumentar el número de casetas de policía internacional de entrada y salida, agregar tres cintas para maletas y añadir máquinas de inspección y más espacio para el Servicio Agrícola y Ganadero. Además, se ampliará el recinto de entrada y se harán algunas otras obras para aumentar los espacios en los terminales nacionales e internacionales.

El ex ministro del ramo Eduardo Bitran (2006-2008) ha criticado esta decisión, ya que supondría una renegociación en la que el Gobierno -afirma- no sabe lo que está entregando a cambio de las obras. Recuerda además que cuando dejó esa cartera ya estaban iniciados los estudios para la nueva concesión. A su juicio, si ellos no se hubieran detenido posteriormente, la bases de la concesión podrían haber estado listas, y adjudicada ella hace tiempo. En tal caso, al finalizar el plazo contractual de la concesión actual, ya estarían avanzadas las ampliaciones necesarias para adaptarse al crecimiento de la demanda en el largo plazo. El ex ministro se pregunta sobre el motivo por el que no hubo avances para adjudicar la nueva, y sostiene que era factible hacerlo, ya que en otros aeropuertos se han renovado las concesiones al finalizar el plazo. En todo caso -estima-, el MOP tenía la posibilidad de usar fondos fiscales para realizar las ampliaciones en vez de renegociar, lo que habría asegurado el valor que se estuviera pagando efectivamente por las obras.

Al respecto cabe notar que las concesiones aeroportuarias reciben ingresos tanto de derechos pagados por los pasajeros como por los arriendos de tiendas y otras instalaciones en el terminal. En un momento de baja demanda aérea, el concesionario solicitó un cambio de contrato, para asegurar sus ingresos. Este contrato establecía un valor presente de los derechos aeroportuarios. Sin embargo, el rápido aumento posterior de la demanda por viajes acortó el plazo de la concesión, y ésta no alcanzará a generar los retornos que esperaba de sus otras fuentes de ingresos. Por eso, ya desde 2007 solicitaba una ampliación de aquél. Esto le fue denegado, porque viola una condición central de los contratos: el concesionario debe enfrentar la posibilidad de pérdidas, pues de otra manera no realizará una buena evaluación de los proyectos. En otras palabras, no es aceptable que se socialicen las pérdidas y se mantengan las ganancias.

La renegociación actual parece presentar el inconveniente de que entrega dos ventajas aparentemente desniveladas en favor del concesionario. Primero, la determinación del valor de las inversiones es difícil de verificar, pues el MOP negocia con el concesionario sin tener alternativas. Además, es difícil calcular si el valor acordado por las obras es igual a las ganancias que producen dos años adicionales de concesión, especialmente porque los años finales de la concesión son los de mayor demanda.

Convendría que el actual ministro clarificara estos interrogantes. En todo caso, él enfrenta una situación causada por la desidia de años anteriores, y sólo sería responsable de la decisión de no realizar el proyecto con recursos fiscales, lo que ha supuesto entregar dos años de concesión, que tienen un valor que no sería conocido. Como este diario lo ha reiterado muchas veces, las renegociaciones de los contratos son uno de los aspectos más vulnerables del actual sistema de concesiones.