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Esta situación se dio a pesar de que el Gobierno decidió adicionar 340 millones adicionales a la partida de educación, subiendo ésta en 10,1 por ciento respecto del año en curso, esto es, un crecimiento más de dos veces superior al de todo el presupuesto —algo también inédito desde 1990—. No es la tasa absoluta más elevada, pero sí lo es en términos relativos al crecimiento del presupuesto total —aumento este último que está en línea con la regla estructural que el país se ha fijado y que tan buenos resultados le ha brindado.

La oposición esperaba aumentar el presupuesto en mil millones de dólares, esto es, en algo más de 16 por ciento. Es una propuesta que bordea el populismo: la posibilidad efectiva de utilizar bien esos recursos es escasa y, además, significaría en la práctica romper —dado el marco legal vigente— la regla estructural que guía nuestra política fiscal.

Por cierto, esta postura de mayor gasto era una forma de asegurar el inicio de un debate tributario, que si bien es un asunto a analizar, debe serlo en un contexto apropiado y no de modo implícito en la tramitación presupuestaria. Es más, en este proceso no parece prudente subir los gastos por sobre lo que permite nuestra política fiscal, sin tener previamente el respaldo de ingresos. En el actual momento de incertidumbre económica que se vive, tal proceder habría sido una mala señal.

En ese sentido, las presiones opositoras resultaron inapropiadas y le dan la razón al Presidente de la República, que en Enade advirtió sobre rebrotes populistas en el debate nacional. Por cierto, la discusión sobre el presupuesto de educación estuvo influida por el conflicto estudiantil que vivió este año el país y, en particular, por el apoyo ciudadano a algunas demandas del movimiento.

Pero este apoyo es genérico, y obliga a nuestros representantes a deliberar sobre esas demandas y dilucidar los caminos más apropiados para el país. Poco de eso ha ocurrido y algunos planteamientos se han aceptado sin reflexión suficiente. En todo caso, más allá de esto, es evidente que la población quiere avanzar más rápido en la creación de una sociedad de oportunidades. El Gobierno debe tomar nota de esta realidad y proceder en consecuencia.

Otras partidas y próximos pasos

Los negociadores de la oposición expresaron que influyeron específicamente en su decisión de abstenerse de votar las partidas de educación, entre otros, el insuficiente avance en gratuidad que proponía el Gobierno para los estudiantes de ingresos medios y la insistencia en mantener el mérito en 550 puntos en la PSU.

Sin embargo, hay mayores becas para el tercer quintil, siendo en todo caso discutible que no se haya optado sencillamente por priorizar la entrega de créditos vinculados a los ingresos. De hecho, este principio fue incorporado por el Gobierno, que se comprometió a que ningún egresado que financie su educación con el actual crédito con aval del Estado pagará más del 10 por ciento de su ingreso. Dado que muchos egresados universitarios van a estar en el futuro en la parte superior de la distribución de ingresos del país es discutible que la gratuidad sea la política más apropiada, porque hay otras prioridades más urgentes.

El crédito vinculado al ingreso (llamado contingente) alivia la carga de las familias y protege a las personas que después de egresar no tienen ingresos suficientes. Más discutible es que esta beca siga siendo discriminatoria entre los alumnos del Consejo de Rectores y los que asisten a otras instituciones. Los primeros reciben beca por el arancel de referencia, y los segundos por montos inferiores. La medida más bienvenida es un aumento mucho más rápido en la cobertura preescolar para los niños de los primeros tres quintiles (de menores ingresos). Asimismo, se aumentó el Aporte Fiscal Directo y se creó un nuevo aporte basal que estará sometido a convenios de desempeño. En ambos casos se comprometen aumentos reales para los próximos años. A diferencia de su abstención en las partidas de educación, en la partida del tesoro público —que creaba el Fondo de Educación— la oposición votó en contra, cuestionando su diseño, en particular el que no tuviera un carácter permanente. En todo caso, la desaparición de este fondo no afectará los gastos contemplados para educación: los recursos previstos en esta partida tendrán que incorporarse como aporte fiscal cada año en los programas que se aspira a financiar.

En general, en otros ámbitos el presupuesto fue aprobado en línea con el proyecto presentado originalmente por el Ejecutivo —tras incorporarse demandas por mayor información en algunas partidas, o especificar con más claridad la forma en que se distribuirán los recursos.

Una partida que causó debate fue la relativa a los recursos para el programa de ingreso ético familiar, que ataca la extrema pobreza y ha sido bien evaluado por expertos y organismos internacionales. Ellos fueron rechazados en la Cámara de Diputados, impidiendo que pueda llevarse adelante. Sin embargo, en el Senado se repuso el financiamiento.

Curiosamente, se rechazó el presupuesto de algunos organismos como la Alta Dirección Pública, lo que es difícil de entender. Ahora el proyecto debe pasar a la Cámara de Diputados y eventualmente a la Comisión Mixta. En todo caso, el escenario más probable es que el Presupuesto quede con mayores recursos para educación que los proyectados en un principio.

Por cierto, la aprobación del presupuesto 2012 no detendrá el debate educacional: el Gobierno deberá enviar pronto un proyecto de desmunicipalización de la educación y, antes del 31 de marzo, uno sobre carrera profesional docente. Además, comenzará a discutirse la Superintendencia de Educación Superior.