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Un importante plan de remodelación del centro cívico de Santiago, con una inversión cercana a los 160 millones de dólares, anunció el Presidente Piñera. Se trata de uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de los últimos años y que contribuirá a dar realce a las once cuadras que colindan con el Palacio de la Moneda.

El plan contempla la creación de una gran explanada que sobresaldrá entre la Plaza de la Ciudadanía y la Plaza de la Constitución, la renovación de las fachadas de lo que se llama la Caja Cívica, cuyo núcleo es La Moneda, y la construcción de dos nuevos edificios que mantendrán el estilo de las construcciones actuales.

El anuncio es digno de celebrar, ya que se rescatarán obras patrimoniales de envergadura y -lo más importante- se le devolverá parte de la dignidad perdida al centro de la capital, donde está emplazado el Poder Ejecutivo. Lamentablemente, por décadas el centro histórico fue abandonado urbanísticamente, permitiendo la demolición de obras patrimoniales de gran valor, las que fueron reemplazadas por edificaciones de escaso valor arquitectónico. A ello se sumaron malos planes reguladores que autorizaron el levantamiento de edificios de viviendas completamente fuera de escala, lo que contribuyó a deteriorar aún más el patrimonio urbanístico de Santiago.

El abandono de los centros de las ciudades chilenas contrasta con la enorme preocupación que manifiestan los países desarrollados e incluso de Latinoamérica por sus propios centros cívicos, en los cuales han invertido importantes recursos, con el convencimiento de que se trata del rostro del país.

El gobierno de Sebastián Piñera, y en cierta forma antes también el gobierno de Lagos, dejará un legado en materia de espacios públicos, ya que además de esta obra anunciada, se construirá el Parque de la Ciudadanía en el entorno del Estadio Nacional; se rescatarán edificios patrimoniales, como el Palacio Pereira, y se realizará la primera etapa del Mapocho navegable, además de destacadas obras en regiones.

Sin embargo, ello no es suficiente. Para tener ciudades más amables y hermosas -lo que tiene una serie de externalidades positivas en lo que respecta a convivencia social y en cuanto a atracción turística-, se deben erradicar una serie de ineficiencias que juegan en contra de este objetivo. Por ejemplo, existen disposiciones alcaldicias que debieran ser mucho más rigurosas en materia urbanística, tales como la reglamentación de los letreros, el control de las paletas publicitarias y el manejo arbóreo de los espacios públicos, donde lamentablemente es extendido el mal desempeño.

A lo anterior debiera sumarse la aprobación de dos proyectos que son relevantes para conseguir el propósito de mejorar las urbes: el que busca un incentivo tributario para quienes posean edificios de valor patrimonial, y el que fomenta el soterramiento de cables en las ciudades, caso este último que lleva varios años de trámite en el Congreso sin ver la luz.