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Fonasa ha detectado la existencia de 400 mil afiliados que están catalogados actualmente como indigentes -y que por lo tanto reciben atenciones gratuitas-, pese a que muchos debieran estar en los niveles destinados a los más altos ingresos del sistema. Por ello ha comenzado un proceso de reclasificación. Esta situación ha derivado en visiones contrapuestas respecto del destino de esas personas. Mientras el director de Fonasa expone la línea lógica de desafiliar a quienes no cumplan con los requisitos, el ministro de Salud ha dicho que no hay ninguna iniciativa para expulsarlos y que mientras no exista una propuesta, seguirán siendo beneficiarios del Fonasa. El vocero de Gobierno, por su parte, respaldó la labor del director del organismo público de Salud al poner énfasis en que el proceso de reclasificación de afiliados tiene por fin cumplir con los lineamientos del Gobierno en cuanto a que los recursos del fisco lleguen efectivamente a las personas beneficiadas de acuerdo a la ley.

Más allá de esta absurda descoordinación, que razonablemente fue zanjada por el vocero del Gobierno, la investigación emprendida por el ente público es el fruto de más de un año de trabajo, en el cual ha cruzado sus datos con los del Ministerio de Planificación y el Servicio de Impuestos Internos, lo que ha permitido detectar un fraude que bordea los 90 mil millones de pesos anuales. Se trata de una cifra cuantiosa que merma los recursos del erario y que afecta al resto de los afiliados. Son preocupantes, además, las repercusiones en otras áreas del Estado, pues esta información es utilizada para confeccionar la Ficha de Protección Social, y la mala clasificación tiene obvias incidencias en el destino de los recursos asignados por las políticas sociales.

Uno de los aspectos que han incentivado esta conducta ha sido la obligación legal de que toda persona que cotiza en Fonasa debe ser cotizante, a su vez, del sistema de AFP. Ello hace que las personas, para evitar tener que realizar ahorro previsional, prefieran pasar como indigentes, situación que será en parte subsanada en el mediano plazo con la obligación de los trabajadores independientes de cotizar necesariamente ahorros previsionales.

Lo destacable de esta investigación es que una repartición pública tan relevante como Fonasa haya dedicado esfuerzo en detectar el uso incorrecto de fondos públicos. Esta es una sana práctica que debieran compartir las distintas reparticiones, aprovechando la información con que cuenta el Estado para estos efectos. En este sentido, el cruce de datos ( data mining ) juega un rol fundamental en la gestión de un Estado moderno.

Es importante tener claro que esta preocupación no es, desde ningún punto de vista, una intromisión en la privacidad de las personas. Por el contrario, se trata de garantizar el uso correcto y focalizado de los recursos públicos destinados, en este caso, al sector salud.

Precisamente, uno de los problemas más complejos que deben resolver las políticas públicas es que los beneficiados por ellas sean realmente quienes deben serlo, y que cuando no ocurra, ello sea denunciado y combatido por la autoridad del modo más coordinado posible.