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Tras meses de trabajo, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) firmaron esta semana una “Declaración de voluntades” en la que abordan una amplia lista de temas laborales, incluyendo algunos que históricamente han sido muy conflictivos en las relaciones entre ambas entidades.

Con buen fundamento, muchas voces han aplaudido esta iniciativa. La voluntad de diálogo para discutir temas que tradicionalmente han dividido a empresarios y trabajadores —como el “multi-RUT”, el salario mínimo y la negociación colectiva— es alentadora en cuanto a que los propios actores del mercado laboral sean los que avancen en acercar posiciones que podrían guiar futuros cambios legislativos y administrativos. Un acuerdo como este fortalece el rol social de las empresas y el ambiente de debate general en el país.

En primer lugar, el acuerdo se hace cargo de la desaceleración que se espera afecte la economía chilena durante 2012. El estado de alerta es clave para enfrentar mejor las repercusiones de la crisis de la deuda europea y, al respecto, es muy positivo que la CPC y la CUT planteen en conjunto la implementación de un marco legal permanente, con una batería de instrumentos para proteger el empleo ante crisis económicas o desastres naturales. Estas medidas, que se activarían automáticamente cuando el desempleo alcance ciertos niveles, permitirían a los trabajadores, en acuerdo con sus empleadores, reducir sus jornadas laborales, rebajando proporcionalmente sus salarios y aprovechando ese tiempo disponible en capacitación.

Evidentemente, es una medida sensata, que beneficia tanto a empresarios como trabajadores y permite sobrellevar con menor costo social un remezón económico.

Valiosas coincidencias en áreas sensibles

Otro punto positivo es el enfoque que se le da a la seguridad laboral en materia de accidentes. Más que centrarse en las sanciones, el foco está en el desarrollo de campañas de prevención y en el fortalecimiento del papel de los comités paritarios dentro de las empresas. Esto pone la responsabilidad no en la autoridad, sino en los más directamente involucrados: empresarios y trabajadores.

La preocupación por el empleo femenino es otro acierto de la declaración CPC-CUT. Las más recientes cifras muestran que la tasa de desempleo femenino en Chile fue en 2011 de 8,7 por ciento, más de un punto por sobre el promedio nacional, siendo aún más alta en aquellos tramos de edad asociados a la maternidad. El comité bipartito que analiza este tema debería considerar que para incorporar a la mujer al trabajo, más que protecciones y fueros, se necesita entrar con fuerza al debate de la flexibilidad y de reducir el costo que supone para las empresas contratar a mujeres jóvenes.

Menos acertada parece la propuesta en términos de salario mínimo. El acuerdo plantea que se junten las directivas anualmente con el fin de analizar parámetros objetivos para el cálculo del reajuste. Esto puede ser un aporte, pero ya está en espera, desde 2010, un esquema de fijación del salario mínimo. Ese año el Gobierno convocó a una comisión transversal para diseñar un mecanismo de reajuste basado en la productividad y la inflación, y no en las presiones políticas. Pese al consenso que despertó, no fue utilizado en 2011 y se cayó en la misma dinámica negativa de todos los años. La CPC y la CUT podrían revivir este mecanismo más que volver a negociar los parámetros año a año.

Respecto de negociación colectiva, es positivo reconocer la necesidad de simplificar el proceso y conducirlo en lo posible antes de entrar en una situación de conflicto.

Aún falta conocer más en detalle estas propuestas y las relativas a la sindicalización para evaluar si efectivamente se logrará equilibrar los intereses de trabajadores y empresarios, pero este primer paso delinea una agenda de trabajo que es de esperar prospere en la línea del diálogo.

Diferencial de tasas: no hay motivo para inquietarse

Ante la crisis de la deuda europea —que pese a sucesivos acuerdos y declaraciones aún parece augurar un 2012 de desaceleración e inestabilidades a nivel global— han surgido voces de preocupación por el diferencial de tasas entre Chile y el mundo, lo que puede tener efectos cambiarios.

Mientras las tasas de política monetaria de EE.UU. y Europa están prácticamente en cero y uno por ciento respectivamente, en nuestro país alcanzan el cinco por ciento. Tanto el presidente de la Reserva Federal como las autoridades monetarias europeas han dado a entender a los mercados que esta situación se prolongará por al menos un par de años, dado el impacto financiero de la reciente crisis en sus economías.

Al respecto, los expertos coinciden en que eso no debe alarmar, por una serie de razones. Primero, el Banco Central de Chile en su última reunión de política monetaria la semana pasada dio la señal de que el escenario de desaceleración justifica una baja progresiva de las tasas y que los temores inflacionarios por las cifras del IPC a fines del 2011 son infundados, pues ellas son coyunturales. Además, hay países en la región igualmente atractivos para inversionistas internacionales que podrían querer llegar a nuestro mercado en busca de mejores retornos, pero que tienen tasas superiores a las chilenas —por ejemplo, Brasil, con tasas en torno al 10 por ciento.

Ante la crisis europea, las preocupaciones para Chile en 2012 deben centrarse, más que en el tema financiero, en el acento en la competitividad y la productividad, para apoyar a las empresas en un ambiente comercial más restrictivo.