No se trata, pues, de volver a discutir en el Congreso la entrega de recursos adicionales, sino de asegurar éstos en el tiempo. Eso previsiblemente motivará múltiples reacciones de los expertos, que —en buena hora— seguirán debatiendo las reformas aún pendientes en materia de incentivos a todos los actores del sistema, responsabilidad y rendición de cuentas (accountability), transparencia, mejoras en la eficiencia, entre otros, y las posibles soluciones a todo ello. En todo caso, el debate en torno al subsidio permanente deberá enfrentar en el Congreso la adicional y siempre compleja discusión respecto de destinar “recursos espejo” para las regiones. La lección es clara: abandonar el enfoque incremental, gradualista...

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Los argumentos para avanzar hacia la autonomía son atendibles y tienen relación fundamentalmente con el peligro de interferencia política en ese ente hoy dependiente del Ministerio de Justicia. Si bien desde la creación de este organismo no ha habido denuncias de que se haya intervenido políticamente el derecho a defensa —cabe recordar, eso sí, que durante un gobierno de la Concertación un ministro de esa cartera le prohibió a la Defensoría Penal Pública participar en las comisiones del Congreso y entregar opiniones sobre proyectos de ley en trámite—, es razonable y prudente adoptar los resguardos institucionales para evitar que eso pueda ocurrir...

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Independientemente de la falla generalizada que exhibió el aparato estatal frente a una catástrofe de la envergadura del 27-F, había responsabilidades o tareas específicas que competían a distintas personas y organismos. Su incumplimiento puede haber sido determinante en la muerte de algunas de las víctimas del maremoto. La indagación de Huerta pretende esclarecer si en esas omisiones hubo un grado tal de descuido que justifica una sanción penal para quienes incurrieron en ellas...

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