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Al parecer por confusión, en el proyecto de Ley de Tabaco enviado por el Ejecutivo, la Cámara de Diputados eliminó en enero pasado la prohibición de fumar en pubs y restaurantes. Inicialmente, se dijo que los parlamentarios habían votado “por error” en contra del espíritu de la ley, pero otras voces afirman que el texto legal, del modo como se votó, mantiene a firme “la prohibición total de fumar en cualquier espacio público cerrado accesible al público o de uso comercial colectivo, independientemente de quien sea el propietario o de quien tenga derecho de acceso a ellos”. Según esta interpretación, eso incluye a restaurantes y similares, y faltaría determinar si se hace excepción de sus terrazas.

Si bien tal prohibición aún puede ser repuesta o precisada en el Senado, han proliferado las recriminaciones entre parlamentarios, y el ministro de Salud ha aludido a una supuesta influencia indebida de las empresas tabacaleras.
Gravar el tabaco mediante mayores impuestos es positivo, por el daño que produce a la salud. Sin embargo, prohibiciones muy severas pueden resultar ineficaces y causar daños sociales indeseados: a mayor restricción, más elevado es el riesgo de contrabando y consumo en establecimientos ilegales. En Santiago, cualquier joven puede acceder cada fin de semana a un “after”, recinto clandestino que no paga impuestos, sin regulaciones sanitarias ni de seguridad, ni control del ingreso de menores de edad. Ellos cambian de ubicación con frecuencia para eludir el control policial y ofrecen alcohol después del cierre, a las 5 de la mañana, de las discotecas establecidas (una regulación relativamente reciente). Pese a estas normas, el consumo de alcohol sigue alto y el “bebedor problema” en la población mayor de 15 años se mantiene estable: 16,5 por ciento en 2000, 17,7 por ciento en 2010.

En la década de 1920, Estados Unidos vivió una dura experiencia con la prohibición total a la venta de alcohol (Ley Seca). Según la Universidad de Columbia, el consumo de alcohol bajó fuertemente el primer año de vigencia de las normas, pero poco a poco comenzó a subir pese a las sanciones. Y en España, un año de vigencia de una rigurosa ley antitabaco no ha disminuido el número de fumadores, según un reciente estudio de la Sociedad Española de Neumología.

¿Debe la autoridad cruzarse de brazos? Evidentemente no, pero lo conducente, más que prohibir, es proporcionar a las personas herramientas para que elijan con racionalidad y a conciencia de cuán positivo es para ellas adoptar las conductas de menor riesgo para su salud. Esto supone que la institucionalidad sanitaria acentúe las estrategias de tratamiento contra el tabaquismo, considerándolo una enfermedad, según lo definen los organismos supranacionales y el propio Gobierno. Si la adicción a la nicotina no se corta, cualquier medida prohibicionista, por dura que sea, llevará sólo a un éxito marginal, cuando no al fracaso.