Recientes escaramuzas parlamentarias causan, cuando menos, preocupación. La tramitación de importantes proyectos -como el de presupuestos y el de reajuste del sector público- ha sido llevada hasta etapas extremas, legales, pero tensionales y provocadoras de innecesarias refriegas. El Congreso está retomando su rol de articulador de los acuerdos previos a la ley, pero ellos requieren prudencia reflexiva y, sobre todo, paciencia y eso, por ahora, no se ha notado mucho.
En contraste con lo descrito, poco se ha divulgado el positivo estilo que la Comisión de Minería y Energía del Senado impuso a un proyecto que define la matriz energética que precisa nuestro país para mantener sus expectativas de desarrollo. Para proponer las necesidades técnicas y legislativas sobre cuya base se podría contar con el recurso energético imprescindible, esa comisión parlamentaria, integrada por senadores de todos los partidos representados en el Congreso, trabajó con académicos y profesionales, con los que construyó una propuesta que entregó al Presidente de la República.
Esta forma de trabajo es respuesta a quienes cuestionan la labor parlamentaria y un ejemplo a seguir, pues el Congreso, sede de la institucionalidad democrática, es natural lugar de encuentro entre autoridades y ciudadanos. Todo allí es más cómodo y eficiente que dialogar haciéndole quites al lanzagua policial.
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