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Se supo esta semana que la cesantía habría pasado el 10 por ciento y que nuestro producto interno bruto, según la OCDE, caería bastante más que lo esperado: la crisis económica mundial está cobrando su precio en un país exportador sin un gran mercado interno. Los alumnos siguen no yendo a clases, a causa esta vez de la gripe porcina, que sigue a la huelga de profesores y las tomas. La prioridad, sin embargo, no ha sido uno ni otro gran tema, sino una objeción de la Contraloría a la distribución municipal de la píldora del día después.

Comenzó como una así denominada "contraconcepción de emergencia", para casos de violación y similares, con varios apercibimientos y resguardos. Pese a las objeciones por su posible efecto abortivo (con el que, por lo demás, fue presentada en su origen en Francia), y luego de la propia sentencia del Tribunal Constitucional, ha pasado a ser clasificada como un medicamento, y de primera necesidad. El problema que exigiría una ley es su distribución, el acceso fácil para todos.

Nuevas prioridades: ha pasado a ser lo políticamente correcto. Un punto más de ideología que de necesidad social se ha hecho dominante, con el argumento de que es inaceptable que sea fácil el acceso para algunos y no para otros, aunque no se plantea que la igualdad debiera tal vez buscarse en cierta dificultad compartida, más que en la facilidad generalizada. Una curiosa unanimidad se produjo entre los candidatos presidenciales, prisioneros de la intuición dominante.

Cabría meditar sobre la buena reflexión de una autoridad espiritual: el problema podría estar en el día antes, más que en el día después. Más en la formación que en la emergencia. Y más en la cautela del primero de los derechos humanos, la vida, que en el facilitar -probablemente sin suficientes precauciones- un resguardo tardío.

PARDIEZ