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Cristóbal Orrego

Yasna Provoste se sentó en su trono cuando ya funcionaba en plenitud esa máquina de mover dinero conforme a reglas contables diversas de las de la Contraloría General de la República (¡ay, carajo, pero qué esfuerzos hay que hacer para no usar palabras malsonantes!). De manera que a ella le tocó estar ahí cuando reventó un problema que, según los mal pensados, debe de existir en todos los ministerios: comenzamos por Obras Públicas; ahora estamos en Educación. Ya vendrán los demás. Por eso, sostengo enfáticamente que la señora Provoste es, como el nombre lo dice, esencialmente proba.

Esencialmente honrada; pero, accidentalmente, no aprueba todas las asignaturas.

Su gran dificultad es que ha estado sentada sobre el inodoro durante mucho tiempo. Eso tiene sus consecuencias. Miren, si no, el terrible caso del que nos informa la prensa. Pam Babcock pasó dos años encerrada en el baño de la casa de su novio. Hasta que al hombre se le ocurrió pedir ayuda. Las autoridades la hallaron adherida a la tapa del inodoro. Se piensa que estuvo ahí durante más de un mes, porque le surgieron úlceras que la adhirieron a la tapa. El alguacil Bryan Whipple tuvo que usar una palanca para arrancar la tapa del resto del aparato y así llevarse a la señorita con la tapa unida a la zona de contacto. "Posiblemente dormía en el inodoro", sostuvo.

Un problema de higiene, de velocidad, de no dormir en el inodoro. ¿Me entienden?

Yasna Provoste llegó al Ministerio de Educación como una señora honesta: ¡se encontró el hedor maduro! No obstante, su dejarse estar tanto tiempo, tan negligentemente encima de los malos olores, amerita una sanción. Los diputados que la acusan hacen bien.

Joaquín Lavín emitió una opinión valiosa contra la acusación constitucional, fundado no en sus conocimientos jurídicos sino en la oportunidad política de dar esta pelea ahora. Él sabe más que yo sobre esto último. Por algo lleva tanto tiempo olfateando el ambiente popular y actuando en consecuencia, con los resultados de todos conocidos. Yo, que no sé cómo oler los perfumes de una masa votante infinitamente voluble, sí puedo, en cambio, oler los resultados de una política nacional firmemente adherida a la tapa del inodoro. Y esa política no le hace bien al país.

La acusación constitucional contra Provoste merece ir adelante. Ciertamente es discutible qué tan ampliamente debe interpretarse la expresión "haber dejado la Constitución y las leyes sin ejecución" ("Constitución Política de la República", Art. 52, 2, b). La lectura de las 112 páginas del texto acusador, sin embargo, me sugiere que vale la pena dejar la última palabra sobre esta cuestión hermenéutica al Senado.

El punto claro es que, contra lo que algunos han sostenido, los acusadores no pretenden hacer valer la responsabilidad política de la ministra, como si estuviéramos en un régimen parlamentario. Por el contrario, aducen poderosas razones para pensar que incurrió en la responsabilidad jurídico-política -esencialmente jurídica, pero de las autoridades políticas en el ejercicio de su cargo- prevista por la Constitución. Ella transgredió principios constitucionales y dejó sin ejecutar, entre otras, las disposiciones legales que le exigían vigilar, dirigir, hacerse cargo de las irregularidades ya detectadas y expresamente comunicadas por el anterior ministro, sancionar conforme a la gravedad de los hechos.

La complejidad de la trama podría hacer dudar a los lectores. Sin embargo, hay un capítulo de la acusación que está al alcance de la inteligencia de todos los que comprendieron la columna de Carlos Peña del domingo pasado y otras donde enseña la misma doctrina: que lo grave no está en la hediondez del personaje público -si engaña a su mujer, si disfruta la fellatio, si posa en top-less: en fin, lo que los seres humanos, al menos los conocidos por Carlos, naturalmente hacen y desean hacer-, sino en faltar a la verdad frente al pueblo sacrosanto.

Eso hizo la ministra Provoste. "Quiero ser muy enfática, esta situación", dijo, refiriéndose a los 260 mil millones en el limbo, "está absolutamente aclarada (...) a total conformidad del organismo contralor".

El organismo contralor la desmintió casi en el acto. Así que el capítulo quinto de la acusación ("entregar informaciones inexactas o intencionadamente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa") está probado para cualquiera que lea los diarios.

Yasna Provoste debe irse. No por ser chica, de clase media baja, morena, con sangre india -yo también la llevo, a mucha honra-, o mujer, ni por todas esas cualidades juntas. No: sólo porque se ha portado mal como ministra.

¿Y si cae el acuerdo sobre educación? ¡Excelente: dos pájaros de un solo tiro!