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Andrea Sierra

Presidio remitido por 541 días. O sea, en libertad. Ese el fue el castigo que la justicia decretó para Roberto Rodríguez, el dueño del jardín infantil "Guagua Feliz" y quien pegó una cinta adhesiva en la boca de un bebé de seis meses para que dejara de llorar, lo que le provocó muerte por asfixia.

Pese a la tristeza de los padres y la petición del propio Sename, el 32° Juzgado del Crimen acusó al hombre de homicidio simple, pero consideró que éste había actuado con "imprudencia temeraria" y no con dolo, lo que le sirvió como atenuante.

Algo similar ocurrió con Alejandro Cavieres, el líder de los "Car'e Jarro", quien mató a tres rivales en un tiroteo en La Victoria en 2000. Su abogado alegó legítima defensa y fue condenado a cinco años de libertad vigilada.

Los casos suman y siguen. Y los familiares de las personas muertas en este tipo de situaciones acumulan frustración y penas, sin poder hacer nada.

"Hoy día es más fácil hacer justicia por las propias manos que esperar un castigo justo para un asesino. Si alguien mata a mi hijo, yo podría asesinarlo, luego ir a la justicia a entregarme, confesar y lo más seguro es que me den un castigo con pena remitida, o sea, en libertad", dice indignado un fiscal de la zona oriente que declina dar su nombre.

Por eso, el Gobierno ya decidió poner en marcha un proyecto de ley para modificar el Código Penal, que endurecerá las penas al homicidio simple y que será enviado al Congreso durante 2009.

"A mi parecer como ministro es indudable que una pena de cinco años para cualquier tipo de homicidio es bajísima. Por lo tanto, sin ninguna duda que vamos a elevar la pena mínima", afirma el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, respecto al contenido del cuerpo legal.

De hecho, Chile junto a Bolivia son los países con penas más bajas para el homicidio simple en gran parte de Latinoamérica (ver cuadro).

A fines de 2005, un grupo de connotados juristas mandatado por el Presidente Ricardo Lagos entregó en La Moneda un anteproyecto para sustituir nuestro ya vetusto texto punitivo de 1874.

Los resultados del llamado Foro Penal fueron celebrados con bombos y platillos; sin embargo, el nuevo cuerpo legal que propusieron no llegó jamás al Congreso.

Ahora, el ministro Maldonado anticipa que el Gobierno de Bachelet no enviará ese proyecto de ley al Parlamento, sino que hará otro, decisión que generará una fuerte polémica con los 45 profesores de Derecho Penal que formaron parte del Foro y participaron en el debate durante cinco años para producir el documento.

La polémica que viene

En el anteproyecto presentado al gobierno de Lagos se elevaba la pena mínima para el homicidio simple a 10 años. Sin embargo, disminuía el castigo máximo para el homicidio calificado a 20 años -hoy puede llegar a perpetua, con 40 años de pena efectiva de cárcel-. Y esto último, dice Maldonado, no se aceptará.

"Estamos revisando este tipo de cuestiones, porque si bien es cierto uno puede afirmar que elevar la sanción mínima coincide con las valoraciones sociales dominantes hoy en Chile, claramente bajar el máximo no lo hace. Un homicidio calificado: secuestro con homicidio, violación con homicidio, muerte de menores, me parece que no hay ninguna posibilidad de considerar que pueda tener una pena máxima de 20 años", sostiene.

Héctor Hernández, profesor de la Universidad Alberto Hurtado y miembro del Foro Penal, explica que la razón que llevó al grupo a rebajar las penas del homicidio fue el desbalance entre los castigos por los delitos contra la propiedad y la vida. Ello, pues en la actualidad sustraer un celular en la vía pública puede tener el mismo castigo que un robo con homicidio, cuenta Maldonado.

"La valoración fundamental que se hizo fue que el sistema vigente estaba absolutamente desproporcionado. Entonces, se aumentó levemente la pena del homicidio, se bajaron drásticamente las penas de delitos contra la propiedad, se eliminaron los presidios perpetuos de 40 años de cárcel y se dejaron penas de 20 años como máximo", sostiene.

En esto coincide el abogado Miguel Soto, quien participó en la primera etapa del Foro Penal.

"Los delitos contra la propiedad tienen penas absolutamente desproporcionadas. No puede ser que un mero hurto tenga pena de crimen", expresa.

Pero Maldonado no está dispuesto a disminuir penas.

"No soy partidario de eso", sostiene. Sin embargo, dice estar abierto a establecer una nueva escala de castigos que corrija en parte el desbalance respecto a los delitos contra la propiedad, dice.

"Vamos a revisar la escala de penas contra la propiedad y reservar la cárcel para los delitos más graves y más peligrosos", señala.

En cualquier caso, será el Congreso el que diga la última palabra.