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Durante más de un año se nos dijo que la economía chilena estaba literalmente "blindada" frente a la crisis externa. Ahora el argumento es al revés: la base de nuestros problemas económicos es "importada" desde afuera. En el camino, decidimos aumentar el gasto público al doble de nuestro crecimiento interno, reducir la regla del superávit fiscal a la mitad, subsidiar de manera permanente desaciertos como el Transantiago, compensar a las regiones para evitar los reclamos, resolver las huelgas de Codelco y de los camioneros poniendo millones sobre la mesa. Y así estamos: con una inflación de casi dos dígitos, desalineada tres veces por sobre la tasa de crecimiento y de la propia meta fijada por la autoridad.

Es cierto: el petróleo y los alimentos básicos están por la nubes en los mercados mundiales, pero eso no es cosa de hoy día; la tendencia al alza en los commodities es un fenómeno observable hace ya largo tiempo, al menos, durante estos dos últimos años en que el aumento del gasto público ha estado en torno al 9%. Hoy somos uno de los países emergentes que más gastan en relación con su producto, y de los que tienen la inflación más alta en América Latina. En rigor, no es del todo evidente que detrás de estas cifras existan decisiones y justificaciones políticas, pero es difícil no recordar ahora que la modificación de la regla fiscal se anunció "precisamente" el 21 de mayo del año pasado, cuando el Transantiago hacía estragos en la imagen presidencial y la encuesta Adimark de ese mes mostraba la aprobación del Gobierno bajo el umbral crítico del 40%.

Por estos días la autoridad ha dicho también que en Chile "no hay ni habrá crisis económica", pero dada la incapacidad que hubo para prever y anticipar el escenario actual, sobre eso tampoco podemos tener ninguna garantía. Esta semana fuimos testigos de declaraciones inéditas del presidente del Banco Central, solicitando al Ministerio de Hacienda "no echar más bencina en la hoguera" del gasto fiscal. Una delicada señal de autoridades económicas que empiezan a tirarse la pelota, lo que sólo puede en este momento afectar la confianza en el diagnóstico y en las decisiones implementadas. Así, uno de los dilemas que se afrontan ahora es precisamente una progresiva crisis de confianza en los agentes económicos y en la población en general, que según la reciente encuesta del CEP rechaza con una mayoría del 52% el manejo económico de las autoridades.

Las circunstancias actuales coinciden con un estado de ánimo en el que es razonable pensar que si el país no pudo dar un salto en su crecimiento y mejorar su competitividad durante los años en que las condiciones externas fueron óptimas, menos podrá hacerlo ahora, cuando las medidas monetarias y fiscales inevitablemente deberán centrarse en el imperativo de un ajuste. Todo lo que pueda o deba hacerse en los próximos meses estará asociado a las "urgencias" del presente y muy poco podrá dedicarse a los desafíos que el país tiene en el largo plazo. Al finalizar este gobierno se podrán sin duda mostrar logros importantes en materia de política social, de los cuales el más significativo es la reforma de las pensiones, pero muy poco podrá destacarse en materia de crecimiento y transformaciones económicas.

Pero hay un dilema que será aún más complejo de manejar para la autoridad económica, y es el que está asociado con el término del Gobierno y sus desafíos electorales. La implementación del ajuste tendrá inevitablemente costos altos para la población, aspecto sensible cuando la coalición gobernante atraviesa por los problemas políticos que hoy exhibe la Concertación. Más aún, cuando el imperativo es retener o recuperar respaldo político para evitar una derrota frente a un candidato de oposición que hoy aparece encumbrado en todas las encuestas. Tomar la decisión de restringir fuertemente el gasto, encarecer el crédito en un país acostumbrado a endeudarse para financiar su consumo es, sin duda, un riesgo mayor, que complica y complicará al oficialismo quizás más que la revuelta de los pingüinos o el Transantiago.

Difíciles meses los que se avecinan para el ministro Velasco, meses en que la Concertación se jugará su supervivencia y donde, como lo ha reconocido la propia autoridad, no habrá mucho más que hacer salvo "apretar los dientes".