• Columnistas

• Artículo (25)
• Beatriz Corbo (4)
• Carlos Peña (34)
• Cristián Larroulet (0)
• Cristóbal Orrego (14)
• Entrevista (29)
• Gonzalo Rojas (24)
• Hernán Cortés (1)
• Hernán Guiloff Izikson (0)
• Joe Black (26)
• Jorge Ovalle (1)
• Jorge Quiroz Castro (0)
• Juan Eichholz (1)
• Juan Pablo Toro (1)
• Max Colodro (15)
• Opinión (2)

El Tribunal Constitucional ha sido noticia destacada en el último tiempo. Ha declarado que la píldora del día después es contraria al derecho a la vida, que la Constitución garantiza a los no nacidos con una fórmula especial. Ya ninguna mujer puede tomar el fármaco mortífero sin saber que, quizás, dará muerte a un hijo suyo pequeñísimo, fruto eventual más a menudo de calentura que de violencia. Más recientemente, el Tribunal Constitucional ha anulado un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a estirar la agonía del Transantiago. El alto tribunal ha actuado de tal manera que incomoda a los poderosos, y, a la vez, se siente él mismo incómodo.

No nos sorprendamos: es el "nuevo" Tribunal Constitucional, el de la Reforma Constitucional de 2005, impulsada por ese estadista que fuera Ricardo Lagos (Escobar). El anciano ex gobernante de izquierda dirá, me imagino, que él es responsable solamente por el diseño, porque la "implementación" ya es culpa de otros. Bien, como locutor de radio no lo hace mal, aunque algunos tengamos que "sufrir un poquito" con sus excusas. Por mi parte, propongo dos reflexiones sobre estos acontecimientos.

En primer lugar, vaya una crítica contra el oportunismo típico de la izquierda. Los progresistas se indignan con quien se opone a los nuevos instrumentos jurisdiccionales para proteger los derechos humanos, como la Corte Penal Internacional, o con quien protesta por las ficciones que los jueces chilenos han inventado para castigar los crímenes cometidos por agentes del Estado a partir del 11 de septiembre de 1973. Con todo, cuando los tribunales no están en las manos de la izquierda, los izquierdistas se acuerdan de la democracia y de la subordinación de los jueces al texto de la ley. Enarbolan la bandera de la voluntad popular, que se manifiesta por medio de las leyes. A veces, les basta el decreto de uno de los suyos, elegido Presidente. Solamente cuando les va mal descubren que los tribunales están formados por unos pocos ciudadanos, designados de maneras muy enrevesadas. Comienzan a aullar como lobos guardianes del principio mayoritario y de la soberanía popular, cuando hasta antes de ayer querían limitar esa soberanía y entregar el poder a los jueces nacionales y extranjeros.

Los izquierdistas criollos saben jugar a dos bandas. Así es como callaron ante el consenso que otorgó poderes magníficos al Tribunal Constitucional; pero, ahora, pergeñan argumentos para deslegitimarlo, solamente porque les fue mal en lo de la píldora abortiva y en lo del Transantiago. Y esto no vale. Está bien criticar las sentencias de los tribunales, como las leyes y los actos de gobierno, cuando tenemos razones en su contra. Entre los mismos miembros del Tribunal Constitucional hay discrepancias civilizadas, razonables y razonadas. En cambio, es un ejercicio de doblez y de oportunismo intentar deslegitimar las instituciones, como el Tribunal Constitucional, solamente cuando a uno le va mal.

En segundo lugar, reparemos en lo que, seguramente, incomoda a los ministros del Tribunal Constitucional. A todos o a casi todos les molesta un problema de probidad al interior del organismo. En los dos casos más sensibles políticamente, alguien ha incumplido su deber de reserva. Directa o indirectamente, ha filtrado el resultado a la opinión pública. Una maniobra de este tipo genera una presión política, digamos que callejera, para que los ministros cambien de opinión. Al menos, eso parece que se pretende. No olvidemos que es lícito que un miembro del tribunal cambie su voto hasta el momento mismo de la firma. No olvidemos esas marchas furibundas de las señoras afectadas por la prohibición de la píldora abortiva: ¡algo querían!

La verdad es que yo no creo que alguno de los miembros actuales del tribunal sea tan débil de carácter como para dejarse convencer por presiones de último minuto, especialmente después de que sus pares han conocido su razonada opinión sobre un caso. Sin embargo, como ustedes saben, lo que yo crea importa bien poco. Aquí hemos de estarnos al principio de que la mujer del César no sólo ha de ser honesta, sino que también ha de parecerlo. La muchedumbre no tiene por qué pensar bien de unos señores lejanos, denostados por los progresistas que vociferan en la plaza. La masa, sometida a la propaganda oficial, no logrará confiar más en el Tribunal Constitucional que en el régimen, si el tribunal no procura revestirse de la autoridad moral y de la legitimidad política como conviene.

Por eso, cuando el presidente del Tribunal Constitucional afirma que, en este delicado asunto de las filtraciones, "existe un principio de inocencia: o todos estamos bajo sospecha o ninguno", yo me atrevo a susurrarle solamente una palabra: todos.