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Rocío Montes R.

Jueves 29 de octubre, noche de glamour y poder en el Palacio de la Moneda. Cerca de 180 invitados del mundo empresarial, político y cultural -tras disfrutar de un cóctel en el Patio de los Naranjos-, poco a poco ingresaron a las dependencias del edificio para participar en la cena en honor de la Presidenta Cristina Kirchner, de visita oficial en Chile. La Mandataria argentina se ubicó en la mesa central junto a la anfitriona, Michelle Bachelet.

Al llegar la hora de los discursos, la Presidenta Bachelet saludó una a una a las autoridades presentes, como suelen comenzar las intervenciones oficiales. No nombró, sin embargo, al contralor Ramiro Mendoza.

Veinticuatro horas antes, en CasaPiedra, en la cena anual de la Sofofa, la Presidenta y el contralor estuvieron sentados en la misma mesa, a pocos asientos de distancia. Según varios testigos, no cruzaron palabra.

Ambas situaciones parecen reflejar la tensión que existe desde hace un par de semanas entre La Moneda y la Contraloría.

Aunque todo partió antes, cuando miembros del comando de Sebastián Piñera, el pasado 6 de octubre, presentaron ante el ente contralor una acusación de intervencionismo electoral.

La Contraloría empujada

El contralor Ramiro Mendoza no pretende convertirse en un actor político en medio de la campaña presidencial y parlamentaria. Según dicen quienes han estado con él en estos días, el abogado no quiere que su papel de fiscalizador de las instituciones públicas sea instrumentalizado por ningún sector.

Es el mismo principio que planteó en las elecciones municipales del año pasado, cuando decidió no publicar los informes de fiscalización a municipios durante los tres meses previos a los comicios para evitar un eventual uso político. "No queremos servir de jamón del sándwich de las campañas municipales", dijo Mendoza al anunciar la medida.

Una cadena de hechos, sin embargo, ha llevado a la Contraloría a preparar en medio de estas elecciones un dictamen que corregirá pronunciamientos previos que le impedían supuestamente indagar y proponer sanciones contra ministros de Estado, al no ser considerados funcionarios públicos. El texto, que será dado a conocer dentro de los próximos diez días, a menos de dos meses de la presidencial, dará un vuelco respecto de una interpretación vigente de la ley de administración del Estado: los ministros son funcionarios públicos, establecerá el documento, y sí pueden ser objeto de sumarios de parte de la Contraloría.

Todo comenzó el pasado martes 6 de octubre, cuando cuatro representantes del comando de Sebastián Piñera hicieron llegar a la Contraloría un dossier de 15 páginas con acusaciones de intervención electoral contra seis ministros. El coordinador general de la campaña, Rodrigo Hinzpeter; los senadores Andrés Allamand (RN) y Andrés Chadwick (UDI), y el secretario general de ChilePrimero, Jorge Schaulsohn, reunieron citas textuales de los secretarios de Estado en las que habrían llamado a votar por el candidato de la Concertación (ver recuadro).

Según los denunciantes, habrían contravenido el instructivo 48097 que la misma Contraloría había emitido el pasado 1 de septiembre. Ese documento establecía tres prohibiciones cruciales: usar la hora de colación y las bases de datos para hacer proselitismo; pedir el voto para candidatos o coaliciones mientras los funcionarios públicos están desempeñando labores de su cargo, y usar vehículos fiscales y recursos públicos en actividades políticas.

A las pocas horas de recibir la denuncia del comando de Piñera, la Contraloría notificó a los ministros aludidos. El 14 de octubre, La Moneda respondió y, poco después, entregó el documento a la prensa. "Los ministros de Estado no son funcionarios públicos, razón por la cual no se encuentran afectos al régimen de probidad administrativa. Por lo tanto, las eventuales reponsabilidades de los ministros de Estado constituyen una materia que excede el ámbito de competencia del organismo contralor. Así lo ha ratificado de forma constante la jurisprudencia de la Contraloría", se manifestaba en la defensa del Gobierno.

El texto, firmado por los ministros aludidos, encabezados por José Antonio Viera-Gallo, recibió críticas incluso al interior del mismo Gobierno por argumentar la defensa en la forma y no en el fondo. De paso, al cuestionar el rango de acción de la Contraloría, abrió un flanco complejo y conflictivo con la institución que lidera Ramiro Mendoza: el organismo fiscalizador no sólo deberá pronunciarse en los próximos días sobre las denuncias del comando de Piñera, sino que, además, sobre su rango de acción y competencia.

El Gobierno hace consultas

En el Palacio de la Moneda manejan dos datos cruciales. Uno perjudicial, otro beneficioso.

La mala noticia es que el dictamen que prepara la Contraloría establecerá que los ministros de Estado son funcionarios públicos. Que es cierto que tienen un cargo de naturaleza política por ser colaboradores directos del Presidente de la República y que por ello pueden ser objeto de acusaciones constitucionales en el Congreso. Al estar bajo el régimen de probidad administrativa, sin embargo, la Contraloría sentará jurisprudencia y señalará que pueden ser fiscalizados.

La buena noticia es que todo indica que no habrían sanciones a los ministros tras la revisión de los antecedentes presentados por el comando de Sebastián Piñera. La razón: en ninguno de los casos se comprobaría la vulneración de la ley, pese a lo inadecuadas que puedan parecer sus intervenciones.

En otras palabras, aunque no propondrá sanciones a los seis ministros, la Contraloría rayará la cancha a secretarios de Estado en ejercicio y a todos los que asumirán desde el 11 de marzo. Esta situación, conocida por La Moneda desde el pasado 14 de octubre, trascendió el pasado miércoles a los medios de comunicación. Al ser consultado, el ministro Viera-Gallo advirtió que sería "grave" que el contralor "empezara a ir más allá de lo que son sus atribuciones".

El Gobierno, sin embargo, pidió diferentes opiniones jurídicas a distintos entes del Estado, y terminó por concluir que es perfectamente posible que, desde ahora, los ministros puedan ser investigados. Estas indagaciones explican el giro en la postura de Viera-Gallo al día siguiente, el jueves. A través de Twitter , el ministro señaló que el Gobierno era "respetuoso" del accionar de la Contraloría, organismo que cumple una "función insustituible". La misma actitud tuvo la vocera Carolina Tohá.

No obstante, la situación quedará en una suerte de "alto al fuego" hasta que aparezca el dictamen del contralor y La Moneda evalúe a fondo su contenido. El Gobierno también sabe que hay tres o cuatro investigaciones relevantes que están en su etapa final y que podrían ver la luz antes de las elecciones.

NOCHE TENSA En la cena anual de la Sofofa, la Presidenta compartió mesa con el contralor Ramiro Mendoza (primero de derecha a izquierda). Los separaba el presidente del gremio empresarial, Andrés Concha, y el ministro de Hacienda, Andrés Velasco. La Jefa de Estado y el contralor no cruzaron palabra.

Las denuncias, dictámenes y auditorías pendientes

-El 26 de octubre el diputado UDI Claudio Alvarado entregó documentos por intervención electoral en Osorno, donde se le habría solicitado desde la alcaldía a una empresa contratista del municipio trasladar e instalar sillas y tarimas para un acto de Frei.

-El senador Andrés Chadwick (UDI) presentó el 23 de octubre una denuncia contra el subsecretario de Desarrollo Regional, Mahmud Aleuy (PS) por "uso indebido del vehículo fiscal en actos políticos", tras ser sorprendido luego de un acto del candidato oficialista.

-Denuncia de la Alianza presentada el 6 de octubre contra siete ministros, por llamar a votar a favor del abanderado de Gobierno.

-El viernes 25 de septiembre, el diputado PPD Tucapel Jiménez presentó una denuncia por presunta intervención electoral en contra del subsecretario de su propio partido, Claudio Reyes, por participar en una actividad de campaña de su contrincante, el candidato PS Daniel Melo.

-En agosto la Contraloría inició una investigación de oficio por el uso de autos fiscales por parte de las ministras Paulina Urrutia y Claudia Serrano, y la subsecretaria Verónica Baraona, quienes asistieron a un "Mujerazo" de Frei el 19 de agosto.

-Faltan por conocerse los resultados de un sumario administrativo al Consejo de la Cultura ordenado en diciembre de 2008, entre otros motivos, por la modificación de la nómina de asistentes, fechas y horarios a reuniones; por cenas y almuerzos cargados a gastos de representación por parte de personas que no son autoridades, pago irregular de viáticos, etc. Además, de un examen de cuentas complementario al Programa de Extensión Cultural para la segunda auditoría ordenada por la Contraloría Regional de Valparaíso.

-De acuerdo al Programa de Auditorías Integrales de la Contraloría General, que cada año sortea una serie de organismos públicos a ser auditados durante todo un año, se conocerán, a principios de 2010, los resultados de la investigación a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas; la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi); la Empresa Nacional del Petróleo (Enap); el Hospital San Borja Arriarán y el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército.

-El abogado Clodomiro Bravo también presentó una denuncia contra Alberto Cienfuegos (Ind-DC) por utilizar el uniforme de Carabineros en su propaganda electoral.

Las frases de la polémica

Algunas de las frases que motivaron la arremetida de la Alianza fueron las siguientes:

"Quien se ha comprometido a cambiar la negociación laboral es Eduardo Frei; quienes quieran que cambie la legislación laboral en Chile voten por Eduardo Frei" (José Antonio Viera-Gallo, ministro Secretario General de la Presidencia, 20 de septiembre).

"Vamos a seguir trabajando en Educación y en el próximo gobierno, que yo espero que sea el del Presidente Frei, seguiremos trabajando más y mejor" (Mónica Jiménez, ministra de Educación, 20 de septiembre).

"La política fiscal seria, responsable, de largo plazo, ha caracterizado a los gobiernos de la Concertación. Por ello, hemos dicho que no da lo mismo quién siga gobernando en Chile" (Marigen Hornkohl, ministra de Agricultura, 20 de septiembre).

"Frei es quien mejor representa la unidad de los chilenos ante dificultades en el ámbito internacional" (Mariano Fernández, canciller, 18 de mayo).

"Los bonos de Piñera se interpretan como una forma de cohecho" (Carolina Tohá, secretaria General de Gobierno, 24 de agosto).

"El señor Piñera es candidato, de manera que más que altruismo lo de Piñera me luce a cohecho". (Sergio Bitar, ministro de Obras Públicas, 24 de agosto).