• Columnistas

• Artículo
• Carlos Peña
• Entrevista
• Ernesto Ottone
• Francisco Díaz
• Francisco José Covarrubias
• Francisco Vidal
• Harald Beyer
• Jaime Bellolio
• Joaquín García Huidobro
• Joe Black
• Jorge Correa Sutil
• Juan Antonio Muñoz
• Lucas Sierra
• Luis Larraín
• Opinión

Genaro Arriagada Herrera

En el plano que se le mire, el gobierno de Hugo Chávez presenta resultados lamentables. En el petróleo, por ejemplo, Venezuela, que llegó a producir cerca de 3,3 millones de barriles diarios, hoy difícilmente alcanza los 2,4 millones; bajo Chávez, Venezuela se ha transformado en una potencia petrolera de segunda clase, reduciendo su participación en la oferta mundial de petróleo a la mitad, de 4,9 a 2,4 por ciento. En la economía, tiene la más alta tasa de inflación de América Latina y junto con Haití son los únicos países de la región que, por dos años consecutivos, han tenido caídas en la producción. En el Índice de Corrupción de Transparency International, no sólo figura como el país más corrupto de América Latina, sino uno de los peores del mundo (lugar 164 en un total de 178 países). Siendo el país que cuenta con la sexta mayor reserva de petróleo del mundo y con los actuales precios del hidrocarburo, vive bajo una escasez de divisas y constantes devaluaciones. En materia de criminalidad, Caracas es la ciudad con el mayor número de homicidios per cápita, superando por lejos a Bogotá y sólo cediendo ante Ciudad Juárez.

En lo político, el gobierno de Hugo Chávez ha sido objeto de constantes denuncias de actos que importan amenazas graves a la democracia y derechos humanos, formuladas por organismos respetados como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Human Rights Watch, Amnesty International y varias más.

Si los problemas económicos, energéticos o de seguridad de Venezuela son internos y deben resolverlos los venezolanos; la vigencia de la democracia y el respeto de los derechos humanos son asuntos que, además, deben ser objeto de preocupación de los latinoamericanos, sus gobiernos y organismos multilaterales como la OEA o UNASUR. Las razones de ello son múltiples. De partida, el derecho internacional, pues nuestros pueblos, como lo establece la Carta Democrática, "tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla"; pero, además, por una razón moral que es la aspiración a una vida digna, lo que en política significa un régimen democrático donde esté desterrado el crimen y la violencia política, en que se respete el estado de derecho, la libertad de prensa, las elecciones abiertas y competitivas, donde haya una efectiva separación de poderes, un poder judicial independiente, unas fuerzas armadas que no sean instrumento en las luchas políticas internas.

Por las razones anteriores, la opinión pública, los gobiernos y los organismos multilaterales han condenado el golpe en Honduras y el intento de golpe de estado en Ecuador. Pero esa actitud, que es necesario mantener, quedaría dañada si la manchara el doble estándar, pues entonces lo que parece una preocupación noble se transforma en sucia; el idealismo en hipocresía. Se es hipócrita cuando la sanción de las conductas antidemocráticas y atropellos a los derechos humanos se limita a los países débiles (como Honduras) pero no alcanza a los fuertes (como Venezuela); si es rápida -como debe ser- cuando se atenta contra el poder presidencial (como contra Zelaya en Honduras o Correa en Ecuador), pero inexistente cuando los Jefes de Estado (como Chávez en Venezuela u Ortega en Nicaragua) por métodos dictatoriales avanzan hacia una concentración del poder en las presidencias, el control de los poderes judiciales, el avasallamiento de los parlamentos, la destrucción de la libertad de prensa, el amedrentamiento de la sociedad civil y de los ciudadanos.

En el último mes, el gobierno de Chávez ha puesto en marcha un conjunto de actos y leyes que son la mayor amenaza que haya sufrido la democracia venezolana en los últimos años. Al hacerlo ha desafiado a los ciudadanos de América Latina, a los gobiernos y a los organismos multilaterales, como si quisiera dejar establecido que el respeto de los principios, la ley y los tratados en materia de democracia y derechos humanos no lo alcanza, sin importar que los demás, al aceptar ese criterio, queden manchados por la hipocresía y el doble estándar.

La magnitud de esta provocación queda bien establecida al mencionar algunas de esas medidas. La Asamblea Nacional, en los últimos treinta días de su mandato, culminó la captura del Tribunal Supremo de Justicia al designar a 9 de sus miembros principales y a 32 suplentes, lo que hizo atropellando los requisitos exigidos por la Constitución; aprobó una "ley habilitante" que le otorgó a Chávez el derecho a dictar "decretos-leyes" por los próximos 18 meses, sobre materias tan importantes como tipificar nuevos delitos y penas, las funciones de las Fuerzas Armadas, disciplina y carrera militar, los tributos y finanzas públicas; el orden financiero y tributario, la ordenación territorial; modificar o dictar nuevos marcos regulatorios para las telecomunicaciones (frecuencias de radio y TV, informática); estableció una ley que hace que los parlamentarios oficialistas que voten contra los proyectos gubernativos puedan perder sus asientos; en el mejor estilo de dictaduras como Bielorrusia tipificó como delito la cooperación internacional que se haga sin la aprobación del gobierno, lo que se estima es una ley contra la sociedad civil y en especial contra aquellas ONGs que defienden los derechos humanos; entregó al poder Ejecutivo la facultad de revocar o suspender las concesiones "cuando lo juzgue conveniente a los intereses de la nación o así lo exijan el orden público o la seguridad" y extendió, en el mejor estilo de la dictadura china, el control estatal sobre Internet; para limitar al poder legislativo una ley del último mes creó "el parlamentarismo social de calle". Por razones de espacio no es posible inventariar el total de esta avalancha de legislación antidemocrática aprobada por la Asamblea Nacional, en los días antes del término de su mandato.

Si ante la magnitud de estos atropellos los gobiernos y los organismos multilaterales guardan silencio, la acción futura que ellos puedan hacer en defensa de la democracia y los derechos fundamentales, quedará bajo el estigma de un infamante doble estándar y, por tanto, una pérdida de legitimidad. En el caso de UNASUR la provocación es aún mayor, pues en el momento en que ese organismo ha aprobado una débil cláusula democrática (tiene fallas similares a la Carta Democrática de la OEA), Chávez ha propuesto como su nuevo Secretario General, a quien tal vez sea su hombre de mayor confianza: Alí Rodríguez, su ex ministro de Energía, embajador en Cuba y el hombre clave en la conexión entre el chavismo y el régimen cubano. ¡Magnífico, en UNASUR nos ha propuesto defender la democracia y los derechos humanos bajo la inspiración de Venezuela y Cuba!