• Columnistas

• Artículo (1)
• Eugenia Weinstein (2)
• Francisco Mouat (17)
• Opinión (1)
• Patricia May (3)
• Roberto Méndez (4)
• Sol Serrano (4)
• Yoani Sánchez (2)

Las familias chilenas están, a nivel mundial, entre las que más aportan a la educación de sus hijos. Eso es nuevo. La educación pagada en Chile fue históricamente muy minoritaria y se restringió a los colegios masculinos y femeninos, creados a partir de 1830. La educación superior y colegial pública fue gratuita, desde la fundación del Instituto Nacional, en 1813, y de la Universidad de Chile, en 1842, al igual que los liceos provinciales y la educación primaria, desde 1860. La gratuidad de la educación secundaria y superior pública fue un vehículo de movilidad social, aunque también una política regresiva de alto costo, a la que accedía sólo una élite generalmente compuesta de los jóvenes de mayores recursos. El esquema fue longevo. En 1950 no más de un 10% de los jóvenes en edad de hacerlo iba al liceo, y sólo un 4 % a la universidad en 1960. Aunque no todas las universidades eran públicas, la mayoría recibía un importante apoyo estatal.

La educación pública educó al país, qué duda cabe, pero con grandes inequidades. Las razones históricas de por qué fue así son complejas y no puede atribuirse sin más a un Estado injusto. En parte la explicación estriba en que la estructura económica chilena no requirió por mucho tiempo mano de obra calificada.

Sea como fuera, el país está pagando y pagará por buen tiempo esa inequidad. Educar a toda la población es una tarea larga, y son siempre los recién llegados al sistema los que pagan dolorosamente las exclusiones heredadas.
La espectacular ampliación de la educación superior en Chile trae buenas y malas noticias. La mala es que la inequidad no termina, pues los que han disfrutado de la educación privada perpetúan sus ventajas al obtener los puntajes más altos y entrar a las mejores universidades, mientras la buena es que hay un enorme sector de jóvenes que ingresaron a un nivel que les había estado vedado a sus ancestros por 200 años. Esta ampliación se hizo con ayuda estatal y especialmente con el aporte de las familias, pues muchos de ellos ingresan a universidades privadas o institutos profesionales que no tienen apoyo estatal.

La decisión pública de financiar casi exclusivamente la educación superior tradicional, la misma que aspiraba a ser redistributiva, terminó por producir una distorsión de inequidad, porque muchos de los jóvenes de escasos recursos entraron a universidades privadas. Además, se desincentivó la educación técnico–profesional al no tener esta tampoco financiamiento público relevante.

Sabemos que la mayoría de estos jóvenes son primera generación en la educación superior lo cual, para ellos, significa una desventaja competitiva importante, la que se inició en su niñez hogareña y que la educación no pudo corregir; sabemos que sólo el mejoramiento de todos los niveles podrá corregir esa desigualdad inicial. Pero ello no basta, pues hay muchas generaciones a medio camino entre la masificación de la educación y esa calidad que se está, lentamente, construyendo. Ellos son los de la cota cero, los que han invertido muchísimo en educarse, los que no han recibido ayuda estatal, los que pagan el alma en universidades que a veces ni siquiera están acreditadas, los que creen, porque así lo creyeron sus padres, que cualquier universidad es una universidad.

Los estudiantes de la cota cero son los que están en el peor de los mundos. Tienen pocos instrumentos para enfrentar los desafíos académicos de las universidades de calidad y reciben títulos o se matriculan y desertan de universidades de mala calidad, que no van a darles las oportunidades que esperan y merecen. Finalmente, la educación técnico-profesional adquirirá la importancia y prestigio que le corresponde. El mercado terminará por mostrar cuántas más oportunidades abre un buen instituto profesional que una mala universidad. El Estado puede y debe apurar aquello, poniendo mayores incentivos en ese sector.

Es sorprendente que un sistema de educación superior tan diversificado como el nuestro siga teniendo rigideces históricas, categorías antiguas de un modelo en que sólo se educaban unos pocos. Esas rigideces son la verdadera cota mil que tiene estancada a la cota cero: la subvención a las universidades tradicionales y no a las privadas de calidad; el persistente prestigio asociado a carreras de educación superior universitaria, aunque por su mala calidad no garanticen nada, por sobre la técnico-profesional; el ambiguo estatuto de las universidades públicas que, atadas de manos por el sólo hecho de serlo, ansían actuar como privados y ser financiadas como públicas; un sistema de acreditación legitimado en las instituciones de buena calidad, pero que no discrimina con las que no lo alcanzan y termina por no distinguir nada.

Los estudiantes de la cota cero están repartidos en todo el sistema de educación superior, sin suficiente protección. Es a ellos, al margen de donde estén, a los hay que llegar, pues se encuentran a merced de un mercado escaso en transparencia e información y demasiado plagado de ilusiones viejas. Son ellos quienes pagan caro las tensiones entre las inequidades antiguas y las nuevas oportunidades. De paso, en ellos nos jugamos el futuro.