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Miércoles 16 de Diciembre de 2009
Gobiernos podrían terminar con la era de la gratuidad en internet

Aunque parece tener una vida propia, la internet no se manda sola. Gobiernos en distintas partes del mundo están desarrollando leyes y sistemas para poner límites concretos a la red.

Y ya no es sólo China, que parecía aislada en sus medidas de censura a internet -acaba de bloquear 530 sitios de intercambio de archivos entre usuarios, o P2P, y cerró las páginas personales-. Ayer, el gobierno australiano anunció que creará un filtro en su red con la finalidad de bloquear el acceso a páginas de contenido delictivo.

¿Qué sitios quedarán fuera? Los de pornografía infantil, violencia contra la mujer, y los que muestren actos criminales. Y aquellos que la comunidad denuncie y que pasarán por un proceso de calificación ante una una comisión.

El ministro de Comunicación de Australia, Stephen Conroy, justificó la decisión diciendo que tras un periodo de prueba de siete meses, se observó que el sistema de bloqueo es certero y no reduce la velocidad de la red.

En Inglaterra también hay movimiento, pues la empresa The Detica CView creó una poderosa herramienta para monitorear la actividad de las personas en sitios de descargas no autorizadas de archivos.

Y para qué hablar de la nueva ley que rige en la Unión Europea, que permitirá cortar el acceso a internet a los usuarios que descarguen contenidos ilegalmente.

"Estamos frente a la encrucijada final del proceso que se inició con la demanda contra Napster en 2000. La pregunta que queda es qué pasará con la tecnología P2P. Es una idea increíble, que funciona y ahorra costos, pero que hasta ahora no permite que los dueños de los derechos de autor recolecten los montos que les corresponden. La forma de distribución P2P tradicional tiene sus días contados, pero se abre la puerta para nuevas formas creativas de usar esa tecnología", asegura Juan Carlos Camus, experto en temas digitales.

Renato Jijena, profesor de derecho informático en la U. Católica de Valparaíso, dice que hay dos temas: uno es la censura con el argumento de la seguridad, y el otro, la propiedad intelectual. "Lo cuestionable es que se insista en regular internet. La solución no pasa por leyes censuradoras que asignen responsabilidades que no les competen a los proveedores de internet o ISP (entregar direcciones IP de los que bajan o bloquear), sino en acuerdos económicos entre los usuarios", asegura.

En esa misma línea comenzaron a oírse las primeras voces de rechazo a la medida australiana. "Nuestra sensación es que la gente estará más preocupada del hecho de que el gobierno tendrá una lista negra secreta que no es muy compatible con nuestro estatus como una democracia y una sociedad libre", dijo Colin Jacobs, vicepresidente de Electronic Frontiers Australia.