• Categorías

• Adulto mayor
• Crónica de viaje de Sebastián Alamos
• Educación
• Innovación
• Jóvenes
• London Calling
• Mascotas
• Medio Ambiente
• Moda y estilo
• Mujer
• Niños y adolescentes
• Opinión
• Parejas
• Pasatiempos
• Rescate a mineros
• Salud
• Sexualidad
• Tecnología
• Tendencias
• Terremoto en Chile
• Viajes
• Vida sana

Pamela Elgueda Tapia

No sólo una fiscalizadora del lucro. Una defensora de los estudiantes, que aglutine todos los antecedentes sobre el sistema de educación superior que actualmente están dispersos en distintas fuentes, que supervigile el uso que se da a los recursos del Estado, como también de los traspasos de propiedad de las instituciones de educación superior.

Diversas ideas surgen entre especialistas y protagonistas de la educación superior chilena cuando se trata de delinear las funciones y atribuciones que debería tener esta entidad.

Una idea propuesta por el Gobierno para hacerse cargo de los reclamos del movimiento estudiantil, en orden a que algunas instituciones de educación superior no estarían reinvirtiendo sus ganancias, sino que repartiéndolas entre sus dueños (lucro), a vista y paciencia del Estado.

El proyecto de ley que definirá las características de este organismo está en plena elaboración por parte del Gobierno, que se comprometió a enviarlo en septiembre al Congreso.

Antes de eso, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez ; el vicerrector académico de la Universidad Andrés Bello, Andrés Bernasconi ; el coordinador académico e investigador del Centro de Estudios Públicos, Harald Beyer , y el investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, José Joaquín Brunner, dieron algunas ideas acerca de cómo debería ser esta institución.

Más que lucro

Existe acuerdo unánime en que la superintendencia debe fiscalizar que los excedentes de las universidades o las ganancias de sus empresas subsidiarias sean reinvertidos en las primeras. A eso, suman la necesidad de revisar el uso que se les da a los fondos que les entrega el Estado y el traspaso de la propiedad de una casa de estudio, así como la solvencia económica de las instituciones.

Pero no se quedan ahí. "La discusión sobre la superintendencia ha estado muy sesgada por el clima actual y el problema del lucro", dice el rector de la UC, quien propone centrar el debate en la creación de un "sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior" que fiscalice el desempeño académico de las entidades como también el financiero y económico.

Andrés Bernasconi no concuerda con la idea de que la nueva "super" se haga cargo de la calidad. "Son funciones distintas que no se deben confundir. Ya existe una agencia de calidad, la Comisión Nacional de Acreditación, que a algunos puede no gustarles como funciona, que se puede modificar, etc, pero no es una buena receta pensar que la superintendencia se preocupará también de la calidad".

En cambio, el vicerrector de la UNAB propone que se preocupe de regular los contratos de prestaciones educacionales que actualmente firman las entidades de enseñanza superior con los alumnos, así como de atender las denuncias y reclamos que los estudiantes y sus padres tengan contra esas instituciones y que, actualmente, zanja el Sernac.

Información veraz

La superintendencia, concuerdan los cuatro entrevistados, debería reunir toda la información que actualmente existe sobre el sistema de educación superior (como SIES, Valor Futuro, Índices, etc.) y la que irá recopilando en sus fiscalizaciones para ponerla a disposición de todo quien la necesite a través de una plataforma única.

Generación de información "confiable y verificable", complementa Ignacio Sánchez, porque las bases de datos actuales, como SIES, se basan en autorreportes. "Actualmente, según el informe OCDE, las cifras de matrícula entregadas difieren de las obtenidas a través de la encuesta Casen", añade el rector.

Forma y atribuciones

La superintendencia debe ser autónoma, concuerdan todos, además de descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y, por cierto, no puede afectar la autonomía de las entidades que supervigilará.

Harald Beyer propone que ya que habrá dos entidades con el mismo nombre para el sistema escolar y para el superior, podría "pensarse en un modelo donde haya una sola gran superintendencia, que tenga una intendencia de educación escolar y otra de enseñanza superior".

Respecto de su poder de sanción, hay acuerdo en que debería tener gradualidad: comenzar con amonestaciones escritas, pasando por aplicación de multas -"que duelan para que tengan resultados", dice Beyer- , pasar por el retiro de financiamiento público y concluir con la revocación del reconocimiento oficial.

José Joaquín Brunner agrega que las penas deben ser adecuadas a la falta y al daño producido, y que no se deben circunscribir sólo al lucro: "Tan grave como eso es malversar los recursos del Estado o engañar a los usuarios", asegura.

Modelos a seguir

La superintendencia escolar, cuyas atribuciones y características ya fueron aprobadas por el Congreso, surge como un buen modelo para la educación superior, concuerdan Andrés Bernasconi y Harald Beyer.

"Como hay diferencias claras de tamaño y de recursos entre los establecimientos que fiscalizarán una y otra, habrá que profesionalizar más al equipo de la superintendencia de educación superior", dice Beyer.

Como modelos internacionales, el rector Sánchez propone mirar dos entidades de Nueva Zelandia: Controller & Auditor General (equivalente a una contraloría) y "Tertiary Education Comission", parecida a una agencia de calidad, que entrega asesoría de políticas a desarrollar y de su aplicación.

Y junto a José Joaquín Brunner coinciden en mirar la "Higher Education Funding Council", de Inglaterra, que entrega fondos públicos para docencia e investigación, y así ayuda a las entidades a mejorar la calidad de su desempeño.