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PAMELA ARAVENA BOLÍVAR

Pamela Pizarro, una adolescente de 13 años, remeció al país en 2006. Tras ser hostigada durante meses por algunas compañeras de octavo básico de su escuela en Iquique, se suicidó. El bullying se instaló en las discusiones, pero la violencia no se detuvo.

Las denuncias por acoso escolar siguieron aumentando año a año, y ya el Simce de 2010 reveló varias sorpresas: 86% de los estudiantes dijo haber visto "algunas veces o casi siempre" cómo los alumnos se insultaron, burlaron o descalificaron; 71% reconoció ver peleas y otro 69%, robos o hurtos; 10% fue testigo de agresiones con arma blanca, y 6% vio "algunas veces o casi siempre" amenazas con armas de fuego en sus establecimientos.

Con Joaquín Lavín a la cabeza, el Ministerio de Educación implementó la primera campaña comunicacional contra la violencia escolar y envió un proyecto de ley para sancionarla, que avanzó rápidamente.

Pero las movilizaciones estudiantiles se tomaron la agenda en 2011 y nadie pareció darse cuenta de que la ley fue aprobada, y desde marzo de este año obligará a todos los colegios de Chile a combatir el matonaje.

Para empezar, se definió "acoso escolar" como "todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave".

Los agresores pueden ser uno o varios estudiantes, y se considera acoso escolar aunque se dé fuera del estableciemiento. Y otra novedad: se considera tanto la violencia física como psicológica, y la ejercida mediante el uso de tecnologías, como internet o celulares.

Desde marzo, tres conceptos serán claves: el comité, el encargado y el reglamento de buena convivencia escolar. El primero tendrá que promover la sana relación entre los miembros del establecimiento; informarse de todas las situaciones de agresión, hostigamiento y violencia física o psicológica hacia los alumnos, y tomar medidas para evitar que se repitan.

"En los colegios municipales, esa tarea la harán los consejos escolares, donde participan padres, apoderados, estudiantes y personal no docente. Los colegios particulares deben crear ese comité y lo ideal es que participen también miembros de toda la comunidad escolar", dice Jaime Retamal, académico especialista en bullying y jefe de Educación General Básica de la Usach.

El encargado de convivencia escolar, por su parte, deberá implementar las medidas determinadas por el consejo o comité. "El problema es que la ley no define bien todo -afirma Rodrigo Díaz, jefe del departamento jurídico de la Federación de Instituciones de Educación Particular-. No se sabe si las decisiones del encargado son resolutivas o no, o si el director de un colegio puede entrar en pugna con él".

Díaz, en todo caso, aconseja a los colegios entregarle al encargado facultades claras: "Si los alumnos no le hacen caso a un profesor, ¿cómo van a respetar a otro, que tiene un cargo, pero no poder?".

Si bien la ley tampoco explicita el nivel de formación exigible al encargado, los expertos aseguran que -para el bienestar de toda la comunidad, especialmente de los alumnos y sus padres- lo ideal sería que contara con alguna certificación: "Un diplomado en prevención de violencia, un curso de mediación, algo que le permita destacarse en su rol. Si no es alguien preparado, será un profesor o un psicólogo educacional más y no se cumplirá el objetivo", asegura el psicólogo Felipe Lecannelier, director del Centro de Estudios Evolutivos e Intervención en el Niño, de la Universidad del Desarrollo.

Otro de los elementos clave es un reglamento especial de convivencia escolar, que deberá ser informado a toda la comunidad y que empezará a regir en marzo (ver recuadro).

Un dato importante: por primera vez el Mineduc podrá multar con hasta dos millones de pesos a los colegios que no tomen en serio la violencia escolar.

Reglamento justo y a la medida

"El reglamento de convivencia no puede ser una guía de sanciones, porque mientras más agresivo, más punitivo y más sancionador, más violencia escolar existirá", asegura Felipe Lecannelier. El experto de la U. del Desarrollo asegura que hay que transitar hacia una guía de prevención del bullying , que contenga estrategias específicas, sistemas de evaluación de la convivencia y técnicas de prevención.

El Ministerio de Educación elaboró un reglamento tipo -que se encuentra en su página web- y que tiene por objeto servir de pauta y orientación para que cada establecimiento educacional pueda aplicarlo directamente, o bien para ajustarlo a su respectiva normativa interna sobre convivencia escolar.

Pero los expertos dicen que no hay que caer en la tentación de "copiar y pegar", porque las comunidades escolares son diversas y el reglamento debe ajustarse a las necesidades de cada una.

En todo caso, se atreven a hacer sugerencias. "Un reglamento bien hecho debe tener sanciones lo más justas posibles, aplicables a todos por igual, proporcionales a la falta y que sean formativas", dice Jaime Retamal.

Todos coinciden en que la escala debe ser gradual, partiendo con medidas como el diálogo personal con los agresores, siguiendo con conversaciones grupales, reprimenda verbal, amonestación por escrito, comunicación y luego citación al apoderado, derivación a algún taller y sólo como última medida, cancelación de la matrícula. "Un apoderado debería leer el reglamento y revisar si los derechos de agredidos y agresores están resguardados", dice Rodrigo Díaz, de la FIDE.

También hay evidencia de que un reglamento no sirve si no va acompañado de buenos programas de intervención, como charlas anti bullying , sesiones de ayuda a agresores y agredidos, capacitación de profesores para manejar conflictos y actividades que desarrollen las habilidades blandas en los alumnos, especialmente la empatía y el compañerismo.